Más allá de las presentaciones del FpV y sus socios, el planteo lo impulsan además, los apoderados de otros partidos que no pertenecen al FpV y que coincidieron en que el integrante de la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones debe salir de los organismos que ofician de autoridades electorales.

Los fundamentos de las recusaciones son, en esencia, similares, y hacen mención a que Ernesto Löffler es hermano del actual legislador del Movimiento Popular Fueguino (MPF) Damián Löffler, quien se postula a la reelección en el cargo, encabezando la lista del mismo partido, en los comicios del próximo 21 de junio.

Los escritos hacen hincapié en que Damián Löffler es autoridad partidaria del MPF, mientras que Ernesto era afiliado a ese partido antes de su ingreso al Poder Judicial y “militaba activamente”, tanto que “ha ocupado varios cargos electivos, a saber, concejal de la ciudad de Río Grande y diputado nacional”, indica una de las presentaciones a las que accedió este medio, realizada por el PI.

Según agrega, la actual coyuntura electoral obliga a que “los principios de la imparcialidad de los garantes del proceso electoral y legitimidad de los procesos electivos se impongan en su máxima extensión”. Y menciona que la presencia de Löffler en la Junta “no genera la confianza debida, con el consabido agravio a la legitimidad de la elección”.

“Los efectos (de la situación planteada) resultan tan trascendentes para la vida institucional, que desbordarán el propio proceso electoral, para repercutir negativamente en el sistema público y en el corazón del sistema representativo”, argumenta el escrito.

A su vez, en la misma línea, advierte que “debe despejarse cualquier signo o presunción de imparcialidad que pese sobre la intervención– en distintos grados de colaboración– de la justicia electoral a fin de evitar un daño irreparable en la legitimidad democrática”.

“Es necesario que los procesos electorales se encuentren dotados de certeza y estabilidad, situación que difícilmente pueda ocurrir– por no decir que es de imposible cumplimiento– si, como en el caso de que planteamos, uno de los integrantes de la Junta Electoral– es el hermano de un candidato de notorio relieve en la contienda, y ha sido previamente a la asunción del cargo de magistrado, candidato en varias oportunidades y afiliado activo de un partido que participa en los comicios que intenta controlar”, reitera la recusación.

También describe que de no remediarse la situación “se priva de certeza a los procesos electorales y –en definitiva– la legitimidad de los candidatos que resultaron electos”.

Postura conocida

Cuando juró como uno de los tres miembros de la Junta Electoral Provincial (los otros son el Fiscal Mayor Guillermo Massimi y el juez Electoral subrogante Alejandro Fernández) Ernesto Löffler ya se había defendido de estas acusaciones y había sostenido que “no hay ninguna ley” que le impida ejercer el cargo, aunque advirtió que se “excusaría de inmediato” en caso de algún planteo que involucrara a su hermano.

“Partamos del hecho de que yo no elegí estar acá. Se hizo un sorteo. En otras ocasiones les tocó a mis colegas (Josefa) Martín o (Francisco) De la Torre. Hoy me tocó a mí. Pienso que puedo hacerlo y que no hay ninguna norma que lo impida”, explicó el magistrado en ese momento.

“Tengo dos hermanos que ejercen la abogacía. Tengo un ex socio que interviene en causas civiles y tengo socios de algunos de mis hermanos que también lo hacen. ¿A ustedes les parece que por eso me tengo que ir de la Cámara? Son casos puntuales que cuando se presentan me obligan a excusarme automáticamente”, fundamentó el Camarista.

Ahora que las recusaciones están presentadas, resta saber cómo se resolverán los planteos. Fuentes judiciales adelantaron que puede haber dos soluciones. La primera es que el tema sea decidido por la propia Junta Electoral Provincial (y también por la Municipal) con el voto de todos sus integrantes con excepción de Löffler, quien como ya ha manifestado no piensa apartarse de su cargo.

La otra opción es que, por tratarse de un tema institucional (no relacionado directamente con la elección) sea girado al Superior Tribunal de Justicia.