Hay concursos donde el ganador se define por méritos. Y hay otros donde el nombre empieza a circular mucho antes de que se abran los sobres. El concurso para elegir al Defensor Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que está en su etapa final, parece inscribirse en esta segunda categoría.

Durante cuatro meses, una Comisión Ad-hoc de la legislatura provincial, presidida por la legisladora Victoria Vuoto (PJ), llevó adelante un proceso que, lejos de garantizar transparencia, reedita las mismas opacidades que ya habían llevado a la anulación del concurso nacional en 2025. Los exámenes no se publicaron en el sitio oficial, impidiendo el contralor necesario para garantizar la igualdad de condiciones. Los currículums de los postulantes tampoco fueron difundidos, haciendo imposible verificar la veracidad de los antecedentes o detectar posibles conflictos de intereses. Y, como si fuera poco, las reglas del juego se fueron incorporando a medida que avanzaban las etapas, cuando debieron estar publicadas desde el principio y ser conocidas por todos los participantes.

La legisladora Natalia Gracianía (La Libertad Avanza) fue una de las voces más críticas. Durante la audiencia pública, cuestionó que “45 personas quedaron excluidas del proceso” y advirtió que el reglamento y los criterios de evaluación se fueron modificando y adecuando a medida que avanzaba el concurso, generando serias dudas sobre la transparencia y la igualdad de condiciones. “Cuando cambian las reglas en el medio del partido, uno tiene que preguntarse para qué se hace”, disparó la legisladora. Y fue más allá: “Tenemos la oportunidad de revisar el proceso y de garantizar que el Defensor del Niño sea elegido por su idoneidad, sin que quede la sensación de que el proceso estuvo hecho o adaptado para determinadas personas”.

Pero el momento más bochornoso llegó durante la audiencia pública del viernes 21 de agosto. Sabrina Marcucci, quien casualmente figuraba primera en el orden de mérito, reconoció ante las cámaras —y sin ningún temor— que mantiene desde hace años un vínculo con la presidenta del tribunal, Victoria Vuoto. Dijo textualmente que comparten el mismo “enfoque filosófico, ideológico y político”. Como si esto fuera poco, la propia Vuoto remató: “Junto a la licenciada Marcucci cada 2 años organizamos el Congreso Internacional de Infancias y adolescencias en la Provincia”.

El reconocimiento público de un vínculo previo entre una integrante de la comisión evaluadora y una de las postulantes no demuestra por sí mismo una manipulación, pero sí plantea una cuestión que, por la naturaleza del cargo y el procedimiento, exige una explicación institucional: ¿qué mecanismos se utilizaron para garantizar la absoluta imparcialidad del proceso? En una comunidad pequeña como la fueguina, el interrogante es aún más punzante: “es un secreto a voces que el concurso nació con el nombre de Sabrina Marcucci”.

Y el factor político agrava la sospecha. Marcucci no es una simple profesional, es funcionaria de la Municipalidad de Ushuaia y dirigente del riñón político del intendente. Victoria Vuoto, por su parte, no solo preside la comisión ad hoc, sino que también es hermana del intendente y pertenece al mismo espacio político que gobierna la capital fueguina. La trama familiar y partidaria convierte cualquier cuestionamiento en un problema de credibilidad institucional. Como señala algunos medios, “el problema no es solamente quién termine siendo elegido como Defensor del Niño. El verdadero interrogante es si todos los participantes tuvieron exactamente las mismas condiciones, si las reglas fueron conocidas desde el inicio y si la ciudadanía pudo controlar cada una de las etapas del proceso”.

Victoria Vuoto, consultada por las denuncias, salió a defender el proceso y a tomar distancia de los señalamientos de favoritismo. Aseguró que “carece de total fundamento cualquier afirmación relativa a los resultados de un concurso que ni siquiera ha iniciado sus evaluaciones sustanciales”. Sin embargo, sus palabras chocan con los hechos: las reglas se modificaron en el camino, los exámenes y CV no se publicaron, y la candidata que aparece primera en el orden de mérito reconoció un vínculo político e ideológico con quien preside el jurado.

Mientras tanto, la Legislatura anunció que en los próximos días se conocerá la decisión sobre el postulante seleccionado. Queda una pregunta dando vueltas, incómoda, inevitable: ¿se está buscando al mejor candidato o simplemente se está formalizando una decisión que algunos ya daban por tomada?