La contadora Brenda Erica Trachel fue desplazada de la Auditoría Interna de la Dirección Provincial de Energía (DPE) luego de detectar y cuestionar una grave anomalía administrativa: durante varios meses, solo cuatro directores del organismo percibieron horas extras por montos que, en algunos casos, superarían los $10 millones.

Según la denuncia a la que accedió este medio, los pagos extraordinarios se habrían justificado con la asistencia de esos jerarcas los días sábados a la sede de la DPE. “En realidad, se repartían ese dinero entre los cuatro directores que venían los sábados. Mientras tanto, para el resto del personal no había horas extras disponibles”, manifestó una fuente del organismo, visiblemente molesta por la impunidad con la que, según su relato, se manejaban estas prácticas.

Trachel puso la lupa sobre estos desembolsos y cuestionó los criterios de asignación. Poco después, la conducción de la DPE, a cargo del vicepresidente Vicente Manuel Álvarez, resolvió apartarla de su puesto mediante una resolución que argumenta razones de “mejor organización administrativa”. La medida, que no menciona sanciones ni señalamientos contra el desempeño profesional de la auditora, despertó inmediatas sospechas sobre su verdadero trasfondo. Cabe destacar que, al ser empleada de planta permanente, Trachel no fue despedida de la Dirección, sino relegada de sus funciones de control interno.

El desplazamiento de la responsable de la Auditoría Interna no es un hecho aislado. Se inscribe en un escenario de crecientes alertas financieras. El Tribunal de Cuentas acumula observaciones sobre la DPE que incluyen diferencias presupuestarias por más de $1.800 millones, demoras en la integración de información contable y deficiencias en los mecanismos de fiscalización. Incluso, un informe reciente del Departamento Contable de la DPE recomendó al presidente del organismo exigir documentación que acredite el destino de los fondos y recordó que aún no se ha rendido una transferencia millonaria realizada a fines de 2024.

A estos antecedentes se suman denuncias gremiales por el manejo de combustibles y otras irregularidades administrativas, lo que convierte el apartamiento de Trachel en un síntoma alarmante. La pregunta que surge es inevitable: ¿se está penalizando a quien ejerce el control o se busca silenciar las voces críticas dentro del propio organismo?

El silencio oficial y la escasa transparencia con que se manejó esta decisión generan un preocupante precedente. El gobierno de Melella debe ofrecer una explicación detallada y convincente que aclare los motivos reales del desplazamiento, más allá de una vaga fórmula burocrática.

Mientras tanto, la DPE corre el riesgo de convertirse en un punto ciego de la administración provincial. La falta de un control interno independiente y efectivo abre la puerta a que las irregularidades se multipliquen. La ciudadanía y los organismos de control externo deben permanecer atentos, porque la opacidad no hace más que profundizar la desconfianza y alimentar la sospecha de que, detrás de esa “mejor organización”, se intenta proteger algo más que la eficiencia administrativa.