La pregunta que ningún funcionario provincial quiere responder es simple, directa y debería ser de fácil acceso para cualquier ciudadano: ¿dónde están los $624 millones que la pesquera Prodesur S.A. reconoció adeudar a la Dirección Provincial de Puertos días antes de la intervención nacional?

El convenio firmado el 19 de enero de 2026 entre el entonces presidente de Puertos, Roberto Murcia, y el empresario chino Liu Zhijiang es claro: Prodesur debía $624.224.960,47 por servicios portuarios impagos, acumulados durante todo 2025 y principios de 2026 . El plan de pago establecía tres cheques electrónicos, el primero por 200 millones con vencimiento el 3 de febrero, el segundo para el 23 de febrero, y el último antes del 10 de marzo .

Sin embargo, la documentación conocida no permite establecer si esos cheques fueron emitidos, cobrados o dónde terminaron acreditados los fondos. No hay números de cheque, no hay entidad bancaria, no hay cuenta receptora. Un fiel reflejo de cómo se manejaba la administración portuaria bajo la mirada de Melella y cia.

Un agujero negro en la gestión provincial

Este caso no es un hecho aislado. Es la punta del iceberg de una gestión que ha sido señala da por la Auditoría General de la Nación por múltiples irregularidades. La intervención nacional del Puerto de Ushuaia, dispuesta mediante la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, detectó que la administración de Gustavo Melella destinaba el 33% de los ingresos portuarios a cubrir déficits de la caja provincial —una práctica prohibida por el Convenio de Transferencia de Puertos Nación–Provincia de 1992— y apenas el 1,3% a inversiones en infraestructura.

Pero las irregularidades van mucho más allá. La AGP documentó conexiones ilegales de gas financiadas con fondos portuarios, pilotes rotos, grúas desmanteladas para repuestos, cables eléctricos pelados a la vista, y una salida de pasajeros sin protección física que obliga a los turistas a transitar junto a vehículos pesados. La flota de unidades adquiridas en 2024 para el traslado de pasajeros fue desviada para uso discrecional de las autoridades provinciales.

Y lo más grave: casi la totalidad de las operaciones de facturación y cobro se realizaban de manera analógica, sin respaldo digital y mayoritariamente en efectivo, un mecanismo diseñado para impedir la trazabilidad de los fondos. La empresa contratada para la gestión digital de ingresos y egresos, Nomade Soft, está registrada ante ARCA como una sociedad dedicada a la "fabricación de paraguas, termos, pelucas" . ¿Cómo puede un gobierno provincial confiar la gestión de millones de pesos a una empresa con ese objeto social?

La pauta publicitaria como cortina de humo

Frente a estas evidencias, el gobierno de Melella no ofrece explicaciones. En su lugar, apela a los medios "amigos" que cobran jugosas pautas publicitarias de la Jefatura de Gabinete. El presupuesto de comunicación de la provincia supera los $8.000 millones, y su distribución se realiza bajo criterios definidos por el Jefe de Gabinete Jorge Canals, de allí comen los medios propios y los amigos solo para mantener el famoso “relato oficial”.

Nuestra provincia mantiene el mayor gasto per cápita en publicidad digital de todo el país. Para tener una idea, solo en una red social se ejecutaron más de $190 millones en un período corto,( dos meses) cuadruplicando el promedio nacional por habitante, todo este desaguisado es en paralelo al crecimiento del déficit que hunde mes a mes a todos los fueguinos, el gasto en comunicación oficial contrasta con el discurso de austeridad y funciona como un mecanismo para silenciar las críticas y blindar a una gestión cuestionada como la del Puerto provincial.

El peso de la deuda de Prodesur

La empresa Prodesur, propiedad de Liu Zhijiang, no es ajena a la polémica. Su buque insignia, el Tai-An, permanece amarrado en Ushuaia por un conflicto laboral que afecta a más de 160 familias. La tripulación denuncia salarios adeudados, horas extras impagas, falta de aportes previsionales y ausencia de cobertura médica. El caso llegó al Ministerio de Trabajo, y los marineros mantienen un cese de actividades hasta que se abonen todos los haberes .

Este historial de incumplimientos de Prodesur debería haber sido suficiente para que la Dirección Provincial de Puertos extremara los controles sobre el cobro de la deuda millonaria. Sin embargo, el convenio firmado con Liu Zhijiang carece de los elementos mínimos para garantizar la trazabilidad de los fondos. ¿Fue un error administrativo o una decisión deliberada para facilitar el desvío de recursos?

La Justicia y la verdad

La Justicia Federal de Ushuaia, a cargo del juez Federico Calvete, ya rechazó la cautelar presentada por Melella contra la intervención nacional . La fiscalía fueguina solicitó la intervención de la Corte Suprema, pero desde el gobierno nacional confían en que el máximo tribunal no acatará el pedido.

Mientras tanto, los $624 millones de Prodesur siguen sin aparecer. La cláusula cuarta del convenio establecía que si los cheques no eran percibidos o eran rechazados, el acuerdo caería automáticamente y la Dirección Provincial de Puertos quedaría habilitada para reclamar judicialmente la totalidad de la deuda con intereses . Si la deuda sigue impaga, la provincia ha perdido una oportunidad histórica de cobrar y ha regalado millones a una empresa con serios problemas laborales y financieros. Si la deuda fue cobrada, ¿dónde están esos fondos?

La única certeza es que el gobierno de Melella debe dar explicaciones. Pero para eso, sus voceros tendrían que dejar de cobrar pautas millonarias y empezar a rendir cuentas a los fueguinos. El silencio ya no es una opción. La transparencia no se compra con publicidad oficial.