El trabajo encomendado por el propio gobernador es “crear un administración a la sombra de la intervención” y desde allí fustigar el trabajo del interventor, para eso apelaron a los jugosos fondos que maneja Jorge Canals en la jefatura de gabinete.

La estrategia del gobierno es simple, quienes quedaron afuera del puerto por la intervención deben generar una fuerte “critica”  al trabajo de la misma, no importa si los datos son falsos, lo importante es que la mentira sea lo más aproximado a la verdad, ahí es cuando entra los fondos de la publicidad oficial y los medios amigos que hacen rodar el relato oficial.

Es por eso que brotan titulares con fuertes críticas al desenvolvimiento de la intervención, son los mismos medios que callan frente a la corrupción del gobierno de Melella.

La intervención federal del puerto de Ushuaia, no fue un acto de hostilidad política, ni una maniobra geopolítica orquestada desde Washington, como insinuó Melella . Fue la consecuencia lógica e inevitable de una gestión provincial que durante años priorizó el clientelismo político por sobre la inversión, la transparencia y la seguridad operativa de una terminal estratégica para el país.

La evidencia es abrumadora y no proviene de "informes tendenciosos" de un gobierno adversario, sino de auditorías técnicas que dejaron al desnudo una administración calamitosa. Según el informe de la ANPyN al que accedió este medio, el gasto en personal representaba el 55% del presupuesto portuario, mientras que la inversión en infraestructura apenas alcanzaba el 1,3%. Es decir, mientras los sueldos de una planta sobredimensionada devoraban los recursos, los muelles se desmoronaban: pilotes faltantes, cortados o desvinculados en el Sitio 3, defensas obsoletas con más de 20 años de antigüedad y pavimentos en estado crítico .

Pero el dato más revelador, y quizás el que termina de sellar el destino del gobierno fueguino en este expediente, es el desvío de fondos. Mientras el convenio de transferencia de puertos vigente desde 1992 exige que los ingresos se reinviertan exclusivamente en la actividad portuaria, Melella utilizó el superávit financiero del puerto para financiar déficits de la obra social provincial (OSEF) y otorgó préstamos por más de $4.000 millones a otros organismos. En números concretos: el 33% del presupuesto portuario fue a parar a las arcas provinciales para cubrir gastos ajenos a la terminal, dejando al puerto en un estado de abandono que compromete su operatividad y la seguridad de los trabajadores y pasajeros.

La respuesta de Melella fue, cuando menos, desconcertante. En lugar de reconocer las irregularidades y comprometerse a corregirlas, optó por la negación, el agravio y la teoría conspirativa. Primero afirmó que el informe técnico era una "maniobra política" a días de las elecciones. Luego, cuando la intervención se hizo efectiva, la calificó como "abrupta e injustificada" y sugirió, sin pruebas, que respondía a un interés de Estados Unidos por el control del Atlántico Sur, en sintonía con el alineamiento del gobierno de Javier Milei .

Este intento de instalar un relato de "soberanía amenazada" es, además de falso, una burda cortina de humo para ocultar el desastre administrativo que deja en el puerto más austral del país. El propio Juzgado Federal de Ushuaia, en una primera instancia, desestimó el planteo cautelar de la provincia, considerando que no existían motivos que ameritaran frenar la intervención. La Justicia, al menos por ahora, no compró el relato de Melella.

El puerto de Ushuaia no es una herramienta de campaña ni una moneda de cambio geopolítica. Es una infraestructura crítica para la logística de la Antártida, para el turismo de cruceros que mueve miles de millones de pesos y para la soberanía nacional en el extremo sur. Melella falló en su gestión, desvió fondos, descuidó las instalaciones y puso en riesgo tanto la economía fueguina como la seguridad de quienes operan en el puerto.

Hoy la desesperación por tapar la realidad ha llevado al gobierno a volcar cientos de millones en pauta publicitaria que distribuye la jefatura de gabinete en medios propios y ajenos, en un intento de vender el “relato oficial”, que busca cuestionar la intervención, poniendo en duda el trabajo que se desarrolla, sin detenerse a reparar en su propia historia.