En el marco del Día del Servicio Penitenciario de Tierra del Fuego, se realizó este miércoles el acto oficial en el Museo del Presidio y Cárcel de Reincidentes de Ushuaia. Allí, el Director del Servicio Penitenciario Provincial, Inspector General Dr. Ariel Normando Ciares, encabezó la ceremonia y marcó como hito central la firma del Decreto Provincial N.º 2027/25 por parte del gobernador, que instituyó el 16 de julio como aniversario institucional de la fuerza.

El decreto, destacó Ciares, representa el reconocimiento formal a una institución que históricamente ha cumplido funciones clave en el sistema de justicia fueguino. “Hoy tenemos una fecha propia en el calendario que nos identifica y nos da identidad”, señaló durante su discurso.

Custodia con enfoque en derechos humanos

Durante su intervención, el titular del Servicio Penitenciario reivindicó la misión establecida por la Ley 777: “la custodia y guarda de los procesados y la ejecución de las penas privativas de la libertad”. Sin embargo, subrayó que esa tarea debe comprenderse desde una mirada integral, alineada con los principios constitucionales y los estándares de derechos humanos.

“La función penitenciaria excede la vigilancia. Implica actuar con profesionalismo, con estricto apego a la legalidad y, fundamentalmente, con herramientas concretas que permitan la reinserción social de las personas privadas de libertad”, expresó Ciares.

En ese sentido, valoró el trabajo diario del personal penitenciario. Lo definió como una labor silenciosa, muchas veces desarrollada en condiciones de necesidad y con recursos limitados, pero sostenida con compromiso, responsabilidad y vocación de servicio. “Son ellos quienes sostienen la misión institucional todos los días”, afirmó.

Preocupación por la superpoblación

Uno de los puntos más firmes del discurso estuvo vinculado a la situación poblacional en las unidades. El director provincial advirtió sobre las consecuencias de la aplicación de la Ley Nacional 24.660 y de la Ley Provincial 1313. Según explicó, las restricciones a la progresividad del régimen y a los beneficios penitenciarios que establecen ambas normas están generando un incremento sostenido de la población carcelaria.

Ese crecimiento, indicó, ya provoca un cuadro de colapso en los establecimientos de la provincia. Ante ese escenario, el Servicio Penitenciario se encuentra elaborando estadísticas técnicas y datos concretos con el objetivo de impulsar la derogación de la normativa provincial.

“Existe una contradicción que debemos señalar. No se puede sostener públicamente el compromiso de velar por los derechos humanos y, al mismo tiempo, mantener leyes que recortan las posibilidades reales de reinserción social”, sostuvo Ciares.

Desde la institución remarcaron que el debate no busca desconocer la seguridad pública, sino equilibrar la ejecución de la pena con políticas que permitan reducir la reincidencia y descomprimir el sistema.

El acto en el Museo del Presidio cerró con un reconocimiento al personal en actividad y a los retirados, en un espacio cargado de simbolismo por tratarse del antiguo penal que dio origen al sistema penitenciario en el extremo sur del país.