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El doble discurso critica a Milei en la isla y ponderación en Buenos Aires

Crisis en gobierno: Ahora Melella va por los fondos del BTF

El gobernador fueguino aprueba un salvataje millonario con garantía de la coparticipación. Ahora Melella va por los fondos del BTF. Con un doble discurso, Melella critica a Milei puertas adentro, mientras que en Buenos Aires habla de cooperación y pondera al gobierno nacional.

El Gobierno de Gustavo Melella ratificó un acuerdo con el Banco de Tierra del Fuego que le permitirá disponer de adelantos mensuales por hasta $36.500 millones, con el 40% de la coparticipación federal como garantía. El convenio, oficializado mediante el Decreto Provincial N.º 1094/26, genera interrogantes sobre la situación financiera provincial y expone una vez más el doble mensaje del mandatario: mientras en la isla critica duramente al gobierno de Javier Milei, en Buenos Aires negocia asistencia financiera con la misma administración nacional que cuestiona.

Un salvavidas con garantía de la coparticipación

El acuerdo firmado por el ministro de Economía, Alejandro Barrozo, y el gerente general del BTF, Juan José Duarte Zalazar, funciona como una línea de financiamiento permanente para cubrir desequilibrios estacionales de caja. La Provincia podrá solicitar dinero al Banco cuando necesite liquidez y devolverlo dentro del mismo mes calendario, pagando intereses sobre la tasa BADLAR más un adicional del 3,5% anual.

El aspecto más relevante es la garantía: si la Provincia incumple, el Banco queda autorizado a debitar automáticamente hasta el 40% de la Coparticipación Federal de Impuestos, una de las principales fuentes de financiamiento del Estado fueguino.

La decisión de recurrir a este mecanismo de asistencia financiera contrasta fuertemente con el discurso que Melella viene sosteniendo en los últimos meses. Durante la apertura de sesiones legislativas, el gobernador fue contundente al calificar el programa económico nacional como un "fracaso absoluto" y acusar al gobierno de Milei de "destruir la industria" y generar "desempleo" en la provincia.

Pero al mismo tiempo, Melella anunció sorpresivamente su intención de adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que promueve el gobierno nacional, justificando que "necesitamos inversiones urgentes" para la provincia . Este pragmatismo a la hora de buscar fondos contrasta con el discurso de confrontación que sostiene en la isla.

Los datos disponibles indican que Tierra del Fuego atraviesa una de sus peores crisis financieras. Según fuentes consultadas por TDFonline, la provincia arrastra un déficit superior a los $245.000 millones y enfrenta crecientes dificultades para cumplir con los pagos a proveedores, con el riesgo inminente de abonar salarios estatales en cuotas .

El propio Melella reconoció ante gremios estatales que la caída de ingresos es uno de los principales problemas, con una pérdida de coparticipación del 9% y una contracción de la recaudación propia del 20% en los últimos dos años. Esto ha llevado a que la provincia lidere el ranking nacional de pérdida de fondos coparticipables per cápita durante el primer cuatrimestre de 2026 .

La estrategia de financiamiento no es nueva. La provincia ya acumula $165.000 millones en adelantos transitorios de coparticipación con el gobierno nacional, con acuerdos que exigen devolución a corto plazo y generan intereses adicionales . Un convenio con la Nación en enero de 2026 estableció desembolsos por $20.000 millones mensuales para enero, febrero y marzo .

Desde la oposición, el candidato a senador Agustín Coto cuestionó la estrategia financiera del gobierno provincial: "La reiteración de esta estrategia deja en claro que no se trata de un hecho aislado, sino de un modelo de gestión que prefiere endeudarse antes que revisar su planta política, transparentar gastos o diseñar una estrategia de ingresos genuinos" .

El legislador libertario remarcó que el gobierno incrementó el gasto político un 2.000% desde que asumió Melella, según datos de la consultora Moody's, y mantiene una planta estatal que triplica el promedio nacional, con 141 empleados públicos cada 1.000 habitantes.

 


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