Ushuaia – El juicio oral y público contra la cúpula de ATE Tierra del Fuego por las presuntas estafas en la adjudicación de viviendas del IPV llegó a un punto de ebullición que ningún dirigente gremial podrá ocultar más. Lo que parecía ser un debate judicial más se transformó en un ajuste de cuentas interno que dejó al desnudo la corrupción estructural que, según fuentes consultadas, corrompe al sindicato desde hace más de una década.

Mientras el secretario general del gremio, Carlos Córdoba, eligió el silencio y se negó a declarar ante el Tribunal, quien fuera su hombre de confianza y operador en el área de vivienda, Miguel Arana, rompió el pacto de silencio y soltó una declaración que retrató el funcionamiento de una asociación ilícita dentro del sindicato.

Según se pudo reconstruir Miguel Arana, visiblemente quebrado y al borde de las lágrimas, confesó ante el tribunal que Córdoba le ordenaba gestionar viviendas para personas que ni siquiera estaban afiliadas al gremio. Pero la revelación más grave involucra el circuito del dinero: Arana habría reconocido que recibía "paquetes envueltos" sin saber el monto exacto y que todo ese dinero era entregado personalmente a Córdoba.

"Yo le llevaba el dinero a él", habrían sido las palabras de Arana, describiendo operaciones vinculadas a al menos "7 o 9 viviendas". Esta confesión valida la hipótesis fiscal que sostiene que no se trató de hechos aislados, sino de un plan criminal sistemático diseñado desde la cúpula de ATE para defraudar a los afiliados y lucrar con el sueño de la casa propia.

En su declaración, Arana no solo habló de dinero. Con el tono de un hombre acorralado, denunció haber recibido amenazas e incluso recordó una golpiza por parte de sectores ligados a la conducción sindical que hace tiempo atrás terminó en terapia intensiva del hospital regional. Pero lo que más heló la sala fue su insinuación sobre la muerte de Daniel Belbey, el exintegrante de ATE imputado en la causa que apareció ahorcado años atrás.

Arana sembró dudas sobre el caso, sugiriendo que podría no haber sido un suicidio, sino una maniobra para cerrar la boca de un testigo incómodo. Esta declaración agregó un manto de oscuridad aún mayor a una causa que ya no habla solo de estafas, sino de una organización dispuesta a todo para preservar su poder.

Lejos de ser un hecho aislado, este juicio confirma lo que muchos afiliados y trabajadores estatales susurraban en los pasillos durante años: ATE en Tierra del Fuego funcionaba como una empresa paralela. La investigación calculó que las maniobras defraudatorias superaron los 8 millones de pesos y 52 mil dólares, desde el año 2018 que deberá ser actualizado, dinero que terminó en manos de unos pocos dirigentes mientras los afiliados legítimos perdieron su chance de acceder a una vivienda digna .

El propio Poder Judicial, a través de fallos previos, ya había advertido que nos encontrábamos ante "un grupo criminal" que se arrogó la facultad de "guardarse lugares" entre las 128 soluciones habitacionales para comercializarlos a discreción.

El silencio cómplice de la "casta" sindical

Mientras el juicio avanza y los testigos desfilan, el secretario general Córdoba se cubre en el silencio. Su defensa intentó plantear nulidades que fueron rechazadas por el tribunal, pero su decisión de no declarar ante los jueces habla más que mil palabras. Frente a él tiene a Arana, su exoperador, que hoy es la pieza clave de la acusación y el principal testigo de cómo se pudrió todo en el sindicato.

Cabe recordar que  durante la audiencia se reprodujo una cámara oculta grabada por el propio Arana dentro de la sede de ATE, donde se ve a los denunciantes reclamando directamente a Córdoba por el manejo de las viviendas. La imagen es implacable: el secretario general, en su escritorio, siendo confrontado por víctimas que pagaron por algo que nunca debieron pagar.

Con 90 testigos programados para declarar, el juicio oral promete seguir destapando los secretos más oscuros de la dirigencia sindical fueguina. Lo que ya quedó claro es que la corrupción en ATE no fue un error de unos pocos, sino una política de gestión que duró años y que ahora, finalmente, está siendo ventilada en un tribunal.