Una sala colmada por afiliados de Asociación Trabajadores del Estado de Ushuaia y Río Grande, y un importante operativo de seguridad, son el marco del inicio  del juicio oral contra integrantes de la cúpula sindical acusados de estafas vinculadas a viviendas del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat y lavado de activos.

Durante la primera audiencia, el fiscal Daniel Curtale leyó la acusación contra Miguel Arana y Carlos Córdoba por 22 hechos de presunta estafa. Según la hipótesis de la Fiscalía, ambos habrían utilizado su posición sindical y sus influencias para comercializar viviendas pertenecientes a programas del IPV a valores inferiores al mercado, obteniendo un beneficio económico personal.

Asimismo, Eric Moscoso Panozo está imputado por el delito de lavado de activos. De acuerdo a la acusación fiscal, habría adquirido maquinaria vial con fondos provenientes de las maniobras investigadas, que alcanzarían más de 8 millones de pesos y 52 mil dólares.

La Fiscalía también sostuvo que el acusado contrataba trabajos con la Municipalidad de Ushuaia y que parte de la maquinaria habría sido comprada apenas dos días antes de la apertura de sobres de una licitación realizada en 2018.

En el inicio del debate, la defensa de Carlos Córdoba intentó plantear una nulidad vinculada a una cuestión procesal ya resuelta anteriormente por el Tribunal. Sin embargo, el planteo fue rechazado debido a que el tema ya había sido descartado y no se encuentra actualmente apelado.