La decisión política de Melella de sacar parte de los subsidio al gas, tiene que ver con el déficit creciente de su gestión pública. Lo cierto es que frente a la entrada del invierno y tal vez en uno de los peores momentos socioeconómico esta medida de quita de subsidio y suba de tarifa golpe de lleno en los bolsillos de los fueguinos.

El combo ya es un dolor de cabeza para muchas familias y un foco de tensión política que esta semana se trasladó a la Legislatura provincial

Mientras el gobierno nacional, a través del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), oficializó un nuevo aumento en las tarifas del gas que comenzó a regir en mayo de 2026 —con actualizaciones mensuales proyectadas hasta 2030—, el gobernador Melella dispuso a principios de año un incremento en la alícuota destinada a sostener el subsidio del gas envasado. Esta medida, implementada mediante la resolución 40/2026 del Ministerio de Economía provincial, elevó el porcentaje del 7% al 8,75% del impuesto a los Ingresos Brutos, lo que derivó en un recorte estimado en 1500 millones de pesos para los municipios.

A esto se suma que el alcance de los Subsidios Energéticos Focalizados se redujo drásticamente, por parte de la Nación, “El gobierno nacional quiere eliminar estas cuestiones con una mirada porteña y centralista. No les importa lo que pasa acá, ni en el Chaco. Se llenan la boca hablando del RIGI, que son beneficios fiscales para los grandes extractivistas, pero para la población no” había dicho Melella sobre el recorte a los subsidios en gran parte de la Patagonia, pero ahora el recorte llega de la mano de su propia gestión.

Frente a este escenario nacional, el gobierno provincial adoptó una medida que terminó generando un fuerte conflicto político interno. Para mantener el Fondo de Prestaciones Prioritarias (FPP), que financia el subsidio a las garrafas para las familias sin conexión a la red de gas, Melella dispuso un aumento del porcentaje de Ingresos Brutos destinado a ese fin. La medida, lejos de ser neutra, implicó una reducción directa de los recursos coparticipables que reciben los municipios. El secretario de Gobierno de Ushuaia, Sebastián Iriarte, explicó a La Nación: "Calculá que una familia en Ushuaia te puede usar hasta 30 garrafas por mes. Eso está subsidiado, financiado con Ingresos Brutos. La alícuota subió del 7% al 8,75% y ese 1,75% más implica cerca de 1500 millones de pesos que se le va a recortar a los municipios".

"Hoy la provincia decidió, por decreto, hacer un recorte de los recursos que recibe Ushuaia. Esta medida impacta de manera directa en la capacidad del municipio para sostener servicios esenciales y políticas públicas destinadas a los vecinos. Resulta particularmente llamativa la forma, sin instancias de consulta, sin diálogo previo" dijeron desde el municipio.

En este marco, los fueguinos se enfrentan a un invierno que será especialmente crudo. Golpeados por la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y ahora la certeza de que el gas —un recurso vital para los fueguinos— costará mucho más caro mientras el subsidio para los más vulnerables pierde eficacia. El combo de medidas, impulsado tanto desde Nación como desde la propia gestión provincial, configura un escenario de máxima tensión social en nuestra provincia.