La nueva ampliación de denuncia presentada contra el organismo —dirigida al fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre— apunta directamente a las máximas autoridades: Miguel Longhitano (presidente) y Hugo Sebastián Pani, a quienes se acusa de haber omitido deliberadamente la publicación de resoluciones clave, todo esto sucede mientras la Legislatura provincial vive en su limbo.

Según el documento, tras la denuncia inicial, no se abrió una investigación formal sino que se habría producido un llamado informal desde la Fiscalía hacia el propio Tribunal para "ordenar" la publicación urgente. El resultado fue la aparición del Boletín Oficial N° 6057, pero con serias irregularidades: resoluciones faltantes, numeraciones inconsistentes y omisiones que ahora están bajo la lupa.

De haber ocurrido este hecho, según el exFiscal Edelson Ausgburger se trataría de una falta grave de la Fiscalía que podría ser denunciada por convivencia y falta a los deberes de funcionarios públicos entre otras penalidades.

Lo cierto es que entre esas omisiones se encontraría el punto más grave: una resolución que habría otorgado un aumento del 25%, superior a los 300 mil pesos, con carácter retroactivo a enero de 2026, para un grupo reducido de auditores fiscales. Con el efecto acumulado, algunos habrían percibido entre 600 mil y 800 mil pesos adicionales.

El dato que genera mayor tensión es el criterio de asignación: según la denuncia, los beneficiarios fueron seleccionados de manera discrecional por la conducción del organismo, dejando afuera a otros sectores como auditores técnicos, informáticos y abogados. La decisión habría generado un fuerte malestar interno y cuestionamientos por trato desigual dentro de la estructura estatal.

La brecha escandalosa: sueldos de 14 millones vs. salarios bajo la línea de pobreza

Este no es un hecho aislado. Los trabajadores del Tribunal de Cuentas vienen denunciando desde hace meses la desigualdad salarial dentro del propio organismo. En septiembre de 2025, personal nucleado en la Asociación del Personal de los Organismos de Control se manifestó exigiendo paritarias y recomposición salarial, advirtiendo que "se les otorgó dos códigos que se le estaban dando a funcionarios de la administración pública a nuestros auditores jefes, y eso hizo que la brecha salarial se extendiera aún más".

Pero el dato más explosivo lo aportó este medio, los vocales del Tribunal de Cuentas perciben haberes que ascienden a los 13,9 millones de pesos mensuales, y con los nuevos aumentos superarían los 14 millones y medio. Esto, en una provincia donde un trabajador estatal ingresante no alcanza los 800 mil pesos, según denunció ATE en la última paritaria.

Mientras la cúpula del Tribunal se engrosa los bolsillos, a los empleados públicos provinciales se les ofreció en la misma época un aumento del 2% "porque no hay plata". El secretario de Finanzas de ATE Río Grande, Carlos Margalot, calificó la propuesta de "una verdadera vergüenza" y advirtió que "tener un salario de 800 mil pesos es uno de los más bajos de la provincia".

La maquinaria del "enganche": cómo un aumento en el Tribunal multiplica los sueldos políticos

El trasfondo jurídico del escándalo es delicado y tiene una dimensión política que pocos quieren mencionar en voz alta. La Constitución Provincial establece que todo acto administrativo debe ser publicado para tener validez. La omisión no solo implica falta de transparencia, sino que podría derivar en la nulidad absoluta de las resoluciones y en eventuales responsabilidades penales por incumplimiento de deberes de funcionario público.

Pero hay un mecanismo aún más perverso que explica por qué el Tribunal de Cuentas se convirtió en el centro del poder salarial en Tierra del Fuego. La Ley de Presupuesto Provincial 2021 establece un sistema de "enganche": los sueldos que paga el Tribunal de Cuentas determinan las remuneraciones de los agentes del Escalafón Profesional Universitario de la Administración Provincial, y estas, a su vez, las del Gobernador, Vicegobernador, Legisladores, autoridades de Cámara y miembros del gabinete provincial.

En números concretos: la remuneración del Gobernador es equivalente a 6 veces la remuneración básica de los agentes Categoría E del EPU, que se equipara al básico de escala de la Categoría A3 del Tribunal de Cuentas. Por eso, cada vez que Longhitano y Pani aprueban un aumento para su propio personal —como los siete aumentos del 10% acumulados que totalizaron un 77% de incremento en 2024—, la política fueguina entera celebra en silencio.

De hecho, el propio Melella se aumentó el sueldo en más de 300 mil pesos de un solo golpe gracias a una disposición del Tribunal de Cuentas, pasando a ganar más de un millón de pesos mensuales en el año 2022. Desde que asumió en 2019, Melella incrementó su salario un 526%. Hoy, los legisladores provinciales cobran dietas que rondan los 4,3 millones de pesos.

El silencio cómplice y lo que aún no se publica

Además de Longhitano y Pani, la presentación menciona responsabilidades en la cadena administrativa, incluyendo a funcionarios del área contable y de administración. También se señala el rol de Rodrigo Irigoitia, cuestionado por su doble función institucional y por avalar —según la denuncia— un esquema que perjudica a parte de sus propios colegas.

Otro elemento que agrava el cuadro es la persistencia de resoluciones que aún no fueron publicadas, incluso después de la exposición pública del caso. Esto alimenta una pregunta que comienza a instalarse en el escenario político: ¿qué más se intentó ocultar durante estos 70 días?

Mientras tanto, el silencio institucional es casi total. No hubo explicaciones oficiales por parte del Tribunal de Cuentas, ni aclaraciones desde la Fiscalía sobre el procedimiento adoptado tras la denuncia. La pregunta que flota en los pasillos de la Legislatura fueguina es inquietante: ¿cómo puede el órgano encargado de controlar los fondos públicos operar durante más de dos meses en la más absoluta opacidad, sin que nadie diera la voz de alerta?

El caso ya fue puesto en conocimiento de la Legislatura y de organizaciones vinculadas a la transparencia, lo que anticipa un posible crecimiento del conflicto en el plano político e institucional. Para una provincia que vive de la renta hidrocarburera y que enfrenta un futuro incierto con áreas maduras en caída libre, este escándalo no es solo una mancha ética, es el síntoma de un sistema que se retroalimenta en las sombras, mientras los trabajadores de base miran cómo la brecha salarial se convierte en un abismo.