El detonante de la crisis es una deuda que el municipio denuncia contraída por el Gobierno provincial en concepto de fondos de coparticipación, que superaría los 12 mil millones de pesos. Según los fundamentos del proyecto presentado por Vuoto, esta cifra equivale a 35 días de retraso, lo que representa más de un mes completo de ingresos municipales retenidos.

La jefa de Gabinete municipal, Yesica Garay, fue contundente en su diagnóstico al señalar que "acá hay una decisión política del Gobierno provincial de no girar los recursos en tiempo y forma, y eso afecta directamente a la comunidad". En declaraciones públicas, la funcionaria advirtió que está "en riesgo la prestación de servicios básicos, el pago de salarios a los empleados municipales y la continuidad de la obra pública con fondos propios".

Reacciones en el Concejo Deliberante

El proyecto de emergencia encontró rápido respaldo en el bloque de concejales del Partido Justicialista, que ya venían trabajando en iniciativas paralelas para defender los recursos municipales. La concejala Vanina Ojeda, subrayó que la discusión trasciende lo partidario: "No es la pelea del intendente, ni de un bloque. Es la defensa institucional de la ciudad y de los derechos de los vecinos. Es plata de la gente".

En la misma línea se expresó el concejal Nicolás Pelloli, el edil afirmó que "hay una intencionalidad política evidente. No es un problema administrativo ni una demora aislada. Es una decisión que termina impactando directamente en la vida cotidiana de la gente".

Más allá de las cifras y los cruces políticos, el trasfondo del conflicto es la creciente preocupación de los trabajadores municipales. "La gente está muy preocupada, soy planta permanente en la municipalidad la mayoría de los compañeros están haciendo doble trabajo. Estamos en una situación difícil, cuyo impacto se siente ", reconoció un viejo empleado municipal entrevistado por este portal

El proyecto de emergencia presentado por Vuoto deberá ser tratado en las próximas sesiones del Concejo Deliberante. Mientras tanto, los trabajadores municipales mantienen su estado de alerta, a la espera de respuestas que garanticen el cobro de sus salarios y la continuidad de los servicios esenciales en una ciudad que, según describen los propios funcionarios, enfrenta una de las crisis financieras más agudas de su historia reciente.