Lo que comenzó como una investigación por intento de estafa con tierras fiscales en Ushuaia tomó un giro dramático en las últimas horas. Las abogadas Griselda Engelhard y Sofía Bahamonde Águila, quienes representan a los damnificados, denunciaron haber sido víctimas de amenazas directas en su propio ámbito laboral, según confirmaron ambas letradas a los medios locales

En diálogo con la prensa, la Dra. Engelhard relató el violento episodio vivido en su estudio jurídico. "Primero era un solo hombre que se iba a presentar en mi estudio para denunciar, pero luego llegaron dos personas que quisieron silenciarnos y amenazarnos para que no continuemos con la causa", explicó la letrada-

Ante la gravedad del hecho, las profesionales procedieron a identificar a los atacantes y solicitaron su inmediata detención, argumentando que estas acciones buscan obstaculizar el normal desarrollo del proceso judicial, ante el clima de intimidación, el fiscal a cargo de la investigación ordenó que la Policía realice rondas de custodia durante los próximos 60 días. La medida abarca tanto el frente del estudio jurídico como las viviendas particulares de ambas letradas.

El origen del conflicto: una mega causa por estafa

La investigación se originó tras la viralización de audios que revelaban una maniobra para vender lotes fiscales en Barrancas del Pipo por valores que oscilaban entre los 25.000 y 30.000 dólares. Bajo la lupa de la justicia se encuentran delegados del sindicato de Camioneros, señalados como los presuntos responsables de estas transacciones ilegales.

Según detalló la propia Engelhard en declaraciones a la prensa, la causa se ha ido acumulando en sede judicial, configurando técnicamente una "mega causa" al incorporarse nuevas denuncias a un expediente ya en trámite .

La letrada reveló que existen al menos cinco o seis denuncias formales impulsadas por su estudio, aunque el número real de afectados podría ascender a entre 25 y 26 personas. "Venimos radicando diferentes denuncias con distintos damnificados, pero con el mismo objeto, que es la presunta venta clandestina de terrenos que, en principio, serían fiscales", explicó la letrada.

De acuerdo a los testimonios recopilados, el modus operandi es similar en todos los casos: se genera una urgencia en la compra bajo el argumento de que hay otros interesados, y se solicitan pagos inmediatos.

Los montos involucrados son elevados. Engelhard precisó que algunas víctimas habrían entregado sumas que oscilan entre los 20 y 26 millones de pesos, en algunos casos mediante transferencias bancarias y en otros en efectivo o incluso con vehículos como parte de pago. "Hay familias que han entregado autos y además han tomado préstamos. La situación es muy delicada", afirmó.

Las operaciones se habrían concretado principalmente a través de redes sociales, especialmente por marketplace, sin intervención de corredores matriculados ni respaldo legal. Engelhard advirtió que "ninguna inmobiliaria matriculada vende por marketplace", señalando que ese tipo de publicaciones debe encender una alerta inmediata.

Reacciones políticas y pedido de interpelación

El escándalo no tardó en llegar al ámbito legislativo. El concejal Valter Tavarone, del bloque Somos Fueguinos, expresó su profunda preocupación por la información difundida. Según Tavarone "lo que salió de los terrenos es altamente preocupante. Hay un audio circulando donde hay diálogos entre personas que integran un sindicato muy conocido en nuestra ciudad y se habla de la posible venta de terrenos a personas que ni siquiera son afiliados".

El edil advirtió que en esa conversación se mencionan expresamente a varios funcionarios municipales, y consideró necesario avanzar con una investigación judicial.

En ese marco, Tavarone presentó un proyecto de resolución para interpelar a la secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial de Ushuaia, Lorena Henriques Sanches. La iniciativa, busca que la funcionaria brinde explicaciones sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales, así como sobre la situación ambiental de distintos predios, incluyendo los macizos 184 y 185 de la Sección J, donde se habría avanzado con urbanización sin estudio de impacto ambiental .