Se trata del caso de la enfermera Graciela Flamenco quien ya denunció a otros oficiales del Servicio Penitenciario por persecución, y ahora apuntó al propio director del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares.

A la mujer se le retuvieron sus haberes en el marco de un sumario administrativo interno dado que no iba a trabajar aduciendo un certificado de “razones psicológicas”, a la vez que fue sorprendida si desempeñando tareas en un centro municipal de Salud de Río Grande, cuando no lo hacía en la Unidad de Detención.

La mujer sigue reclamando sus haberes y liquidación final lo cual fue paralizado por el sumario interno que, por otra parte, no se termina de definir.

En razón de ello la mujer presentó en la Justicia una denuncia por “abuso de autoridad” contra el propio director del Servicio, Ariel Ciares, el cual fue en un principio desestimado por el Fiscal Mayor y la jueza de turno en razón de considerar que ello debía ser un “reclamo administrativo”.

Increíblemente la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones resolvió lo contrario y envió a los magistrados de instrucción a investigar el caso, por lo que esta semana el fiscal requirió y la jueza de turno notificó de derechos y garantías al titular del Servicio por esta increíble situación laboral propia del ámbito estatal y su insoportable burocracia.