Finalmente la investigación del Fiscal Mayor Martín Bramatti tuvo su correlato en el Juzgado ampliado de la ciudad de Tolhuin a cargo de Juez José Pellegrino quien imputo a los acusados.

Recordemos que Bramatti pidió el requerimiento de acusación, imputando al actual presidente del Concejo Deliberante Matías Rodríguez Ojeda del delito de “malversación de caudales públicos”, por estos hechos correspondientes a su anterior periodo como edil.

En la causa además se pide notificar de derechos y garantías como imputados a sus actuales pares; los concejales Marcelo Muñóz, Jeanette Alderete, Rosana Taberna y el concejal mandato cumplido Norberto Dávila.

A Matías Rodríguez se lo imputa de haber utilizado fondos públicos del Concejo para gastos personales, durante el período fiscal 2019, utilizando para ello cheques irregulares, confeccionados fuera de los marcos administrativos correspondientes. Mismos gastos presentaba el concejal Marcelo Muñóz, pero la denuncia no lo comprendió de momento.

Asimismo también fueron notificados de derechos y garantías el ex secretario administrativo Ezequiel Pacheco Huergo y Luis Walter, quienes expedían los libramientos de esos cheques para los injustificables gastos personales del concejal Rodríguez Ojeda, aún a sabiendas de que los mismos fueron utilizados en gastos por fuera del contexto institucional correspondiente.

En el caso de estos dos funcionario del Concejo son imputados del delito previsto en el artículo 262 del Código Penal, “el funcionario público que por negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, diere ocasión a que se efectuare por otra persona la sustracción de caudales públicos.

En cuanto a los concejales Alderete, Muñóz, Taberna y el (mc) Dávila se les imputa haber sido notificados en 2020 de la resolución del Tribunal de Cuentas que detectó estos gastos irregulares y no haber denunciado la situación. Todos integraban la pasada gestión del Concejo Deliberante y tres de ellos fueron reelectos para la presente gestión.

La acusación va más allá y se les imputa haber acordado encubrir los hechos “con el fin aparente de ejercer poder sobre Rodríguez Ojeda” a futuro, o sea extorsionándolo políticamente.

En este sentido la fiscalía acusa a los restantes tres ediles en actividad y al ex concejal Dávila de los delitos de “encubrimiento” e “incumplimiento de sus deberes de denunciar como funcionarios públicos”.

El denunciante, José Armando Gasc, asimismo denunció amenazas por parte del concejal Matías Rodríguez Ojeda, de quien refirió le manifestó, “cuídate por que te vamos a hacer mierda”. Incluso esta persona mantiene una demanda laboral con el Concejo Deliberante por haber sido desvinculado laboralmente previo a la radicación de esta denuncia penal.

Ahora la causa y el requerimiento están en poder del juez de Tolhuin, José Silvio Pellegrino, quien ya pidió el expediente al Tribunal de Cuentas para iniciar su análisis y determinar una pericia contable que precise si se confirman las acusaciones contra todas estas personas en el increíble desmanejo de fondos en Tolhuin cinco años atrás, que nadie había denunciado.