El senador nacional de Tierra del Fuego, Pablo Daniel Blanco, presentó un proyecto de comunicación, solicitando mediante el organismo que corresponda intervenir junto con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, las cuentas públicas y la disposición completa de todos los activos - bienes muebles e inmuebles, dinero, valores negociables e instrumentos financieros, entre otros - en ejercicio de las facultades emergentes, con el objeto de contribuir a enfrentar los impactos económicos generados por la pandemia COVID-19.

“El aislamiento social implica la suspensión de las actividades no esenciales, lo cual genera un impacto de alta severidad en la economía con consecuencias muy graves e inciertas. La crisis económica previa a la aparición de la pandemia obliga a que el Estado Nacional disponga de todos los recursos posibles para enfrentar las múltiples necesidades de obtención de medios e insumos, asistencia social para las personas y paliativos para las empresas que han visto interrumpida su cadena de valor por la emergencia”.

“Durante el período 2015-2018, las tareas de asistencia técnica y colaboración de la Dirección General de Recupero de Activos y Bienes Decomisados en más de 150 causas, lograron inmovilizar en forma efectiva mediante distintas medidas cautelares más de 95 mil millones de pesos, 719 inmuebles, 1.866 vehículos, 21 embarcaciones y se dictaron 242 inhibiciones general de bienes. Consideramos, como ejemplo, que estos activos expropiados a organizaciones criminales puedan usarse y ser de gran utilidad para luchar contra el covid-19 y en beneficio de la sociedad en general”.

Acompañan la iniciativa los senadores del interbloque de Juntos por el Cambio: Oscar Castillo; Mario Fiad; Juan Carlos Marino; Silvia del Rosario Giacoppo ; Víctor Zimmernann ; Alfredo de Angeli ; Laura Rodríguez Machado ; Stella Maris Olalla; Silvia Elías de Pérez y Pedro Braillard Poccard.