En la jerga judicial se denomina “Un buen tirón de oreja” y eso es lo que le sucedió al Juez que lleva la causa contra los supuestos delitos sexuales y de corrupción que tiene al Intendente Gustavo Melella en el centro del escenario. Ya no son los medios de comunicación, ni la mayoría de los abogados que entienden que la actuación del Dr. Sahade era parcial, más allá de advertirse una intromisión judicial, superior al Juez para salvar a Melella.

Resulta ser que la Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Norte emitió la semana pasada un durísimo dictamen contra el Juez Raúl Sahade, y a favor de los denunciantes, considerando que su accionar obstruye la investigación para favorecer a Melella y le ordenó tomar medidas urgentes y aceptar las solicitudes del abogado querellante, Francisco Giménez, quien denunció varias veces que el Juez no le permite ver el expediente y que sólo toma medidas para proteger al imputado.

Entre los aspectos más relevantes del dictamen se destaca que la Cámara resolvió ratificar al abogado Francisco “Paco” Giménez como querellante del delito de abuso sexual y corrupción y ordenó que se le permita tomar vista del expediente, ya que la actitud del juez de ocultar las actuaciones obstruye el desarrollo de la causa favoreciendo al imputado.

En segundo lugar, la resolución ordena al juez velar por la seguridad de las víctimas y la realización urgente de las pericias psicológicas que el abogado reclama desde el inicio de la causa. Asimismo, el órgano desestimó las resoluciones de Sahade y le recordaron nuevamente que las causas de corrupción y abuso están “estrechamente vinculadas” y deben tramitarse juntos.

En este último punto, el abogado Giménez viene insistiendo en que el juez debe ordenar medidas de prueba y citar a indagatoria al imputado Gustavo Melella y a todos los partícipes, como Fabián Daldi y Ayelén Baboza. También a los empresarios imputados que fueron allanados al inicio de la causa.

De esta manera la situación judicial de Gustavo Melella se complica ya que quedó en evidencia, de acuerdo al dictamen de la Cámara, que todo el accionar del juez Raúl Sahade estuvo orientado a encubrir al denunciado y ocultar pruebas. La obstrucción llegó al extremo de prohibirle la vista del expediente al abogado de las víctimas que denunciaron los abusos sexuales y la corrupción en la obra pública.