A contramano de lo que sucede en el resto del país, donde la presión tributaria sobre la actividad privada es cada vez mayor,  la gobernadora Rosana Bertone tomó la decisión política de bajar los impuestos a pequeñas y medianas empresas y al sector comercial y productivo en general, con el objetivo de cuidar los puestos de trabajo y sostener la actividad económica de la provincia.

Es así que la reducción en las alícuotas a los ingresos brutos a las actividades productivas (establecida en el Consenso Fiscal 2019)  tiene para la provincia un costo de 690 millones de pesos anuales, de los cuales 280 ya se absorbieron en el primer trimestre del año.

En tanto, el proyecto de Ley anunciado por la gobernadora y presentado a la Legislatura, premia el buen cumplimiento de los contribuyentes, actualizando a 60 millones (anteriormente de 37,5 millones de pesos) la base imponible anual para la aplicación del 15 % de descuento (que anteriormente era del 12%) y del 5% al 8% para quienes superen dicha base imponible. Esta medida implicará un costo de 95 millones de pesos anuales.

Además, desde que comenzó la gestión se implementaron desde la AREF dos moratorias, y se puso en vigencia un plan de pagos de deudas fiscales en 24 cuotas, con un interés mensual del 1,96%. Es importante destacar que el porcentaje de los intereses, hace que el plan de pagos sea el más beneficioso del país.

En total, serán 785 millones de pesos que la provincia dejará de percibir con la premisa de ayudar a sostener la actividad, sobre todo de pequeños comerciantes y emprendedores.