La iniciativa, que fue impulsada por la concejala Laura Ávila, instruye al Ejecutivo local a generar un espacio municipal de consulta para las vecinas y vecinos sobre la normativa vigente en materia de alquileres, derechos y obligaciones tanto a inquilinos como a propietarios. Asimismo, busca articular con el Centro de Atención Legal comunitaria, a los fines de posibles resoluciones de conflictos de manera no judicial. El proyecto había obtenido dictamen favorable en el ámbito de las comisiones temáticas y había sido tratado en Debate Ciudadano.

En el uso de la palabra, la autora del proyecto pidió a sus pares el acompañamiento, señalando la necesidad de quitar el sentimiento “de desamparo” a los vecinos y vecinas. Es por esto que “como representantes del pueblo, tenemos que hacernos cargo de la situación y de las injusticias”, indicó Ávila. Además, aclaró que “presentamos este proyecto, junto con otros, porque entendemos y creemos en el arraigo y la identidad de las familias en Ushuaia”, y agregó  que “es un proyecto que fue redactado según informaciones y presentaciones basadas en reclamos permanentes que vienen al Concejo Deliberante”. “Esto crea una solución para orientar a la comunidad”, cerró la edil.

En las bases del proyecto, se indica que surge como una “herramienta de prevención de conflictos, a través de la educación, la concientización y la difusión de información relevante en materia de alquileres”. Además, subraya las funciones de la oficina respecto a acercar información sobre la normativa vigente; Brindar charlas educativas; Difundir información sobre programas o subsidios; Llevar un registro voluntario y público de inquilinos y propietarios como antecedente de información, entre otros.

Juan Carlos Pino, a cargo de la presidencia, apoyó la importancia de que el vecino tenga un lugar donde “acudir para buscar información”. “Las emergencias se dan en este contexto, hay un gran porcentaje de familias” que esperan acompañamiento. “El Concejo debe ser una herramienta para apoyar soluciones”, reforzó.

En cuarto intermedio, tomaron la palabra exponentes del colegio de martilleros públicos, donde mostraron su postura en contra del proyecto, alegando que “atenta” contra su actividad. Por otra parte, en representación de la asociación “Que nos escuchen”, María Elena Caire, reiteró lo expuesto en Debate Ciudadano donde indicó que “nos parece adecuada la creación de esta oficina, porque los inquilinos se sienten totalmente desprotegidos. Es importante que se cree un espacio donde el inquilino pueda conocer sus derechos” en el ámbito municipal.

El apoyo a la creación de esta norma se dio por 4 votos a favor y 3 en contra, con la afirmativa de los concejales Juan Carlos Pino, Gabriel De la Vega, Juan Manuel Romano y la concejala Laura Ávila, mientras que no recibió el acompañamiento de los concejales Ricardo Garramuño, Javier Branca y Mariana Oviedo.