Río Grande.- Se trata de Héctor Horacio Romero, quien se desempeñaba en la Oficina de Mandamientos y Notificaciones del Distrito Judicial Norte del Poder Judicial provincial, hasta que la Justicia Federal le confirmó un procesamiento y elevó a juicio la causa donde está imputado de ser partícipe necesario del delito de trata dentro de una banda que explotaba mujeres en departamentos privados.

Romero es el segundo integrante de la Justicia fueguina vinculado a delitos que es separado del cargo en pocas semanas, ya que el relator del propio Superior Tribunal Marcelo Guzmán también fue apartado luego de quedar imputado en una causa por violencia de género en perjuicio de su esposa.

La situación de Guzmán se hizo pública luego de que su pareja, Carla Kirstein, difundió en las redes sociales una serie de videos donde se mostró desfigurada por los golpes, lo que derivó en protestas sociales y generó una conmoción en la provincia.

Por su parte, Romero está acusado junto a otras dos personas de integrar una banda desbaratada en 2019 y liderada por el jefe de la religión Umbanda y tarotista Alejandro Oscar Collado, dedicada a la explotación sexual de ocho mujeres a las que llamaban “hijas de la religión”, explicaron los voceros consultados.

Collado ya fue condenado el 13 de julio de este año a seis años de prisión por el delito de “trata de personas en la modalidad de transporte y acogimiento, con fines de explotación sexual, agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por el número de víctimas”.

Por el mismo pronunciamiento del Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego también fueron condenados Ernestina Soledad Monzón y Virginia Andrea Anglada Heredia, como partícipes secundarias, a la pena de tres años de prisión en suspenso.

En tanto, otros tres imputados, entre los que se encuentra Romero, también fueron procesados en instancias posteriores y aún no fueron sometidos a juicio oral, precisaron las fuentes.

La causa judicial comenzó a principios de 2019 con una denuncia anónima a la línea telefónica 145 del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, y se complementó con tareas de investigación de la Prefectura Naval Argentina y por el testimonio de dos las víctimas que aprovecharon un “descuido” de la encargada del departamento donde las explotaban, para “tomar las llaves y sus documentos”, escapar del lugar y radicar la denuncia policial.

Estas dos víctimas coincidieron en señalar que las habían llevado engañadas desde otros lugares del país, con la promesa de un empleo, y que al llegar a Tierra del Fuego, les informaron que debían realizar servicios sexuales para pagar “el pasaje, la comida y el alojamiento”.

La investigación determinó que en las habitaciones de los privados se realizaban “pases” (servicios sexuales) por un valor de entre $800 y $1700 de ese entonces, y que también se expedían “copas” a los clientes.

“Existe sobrada prueba que da cuenta de que los tratantes facilitaban y acondicionaban el espacio para la estadía y la explotación sexual de las víctimas como así también la entrega de profilácticos (…) Había una organización compleja con una clara distribución de tareas”, escribió la jueza Federal de Río Grande Mariel Borruto en el auto de procesamiento agregado a la causa.

Por su parte, las profesionales del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia que entrevistaron a las víctimas que lograron escapar, concluyeron que ambas “sufrieron violencia física, psicológica y sexual”.