Río Grande.- El letrado informó que “los fundamentos de la condena no están, se darán el 17 de agosto y evaluaremos cómo intervenimos. Posiblemente, luego de la condena, la parte que no está conforme puede impugnar”. 

Respecto a la intervención de la Defensoría, narró que “a partir del 2017 existe una nueva Ley de Derechos y Garantías de Víctimas, que proporciona un marco normativo de mayor preponderancia y otorga mayor cantidad de derechos y garantías. Para aquellas víctimas en situación de vulnerabilidad, el Estado Nacional crea el cargo de Defensor Público que pasa a asistir de forma gratuita, en casos especiales”. 

En esta línea, Candela precisó que “la víctima hace su denuncia por una serie de circunstancias particulares. A partir de una recorrida de la Policía de la provincia, se habilita a que se lleve adelante la exposición. En ese marco, en los procesos penales, se notifica a las víctimas de sus derechos y garantías y este hombre acudió a pedir los servicios de la Defensoría de la Víctima. Concurrió a la Defensoría de imputados y se abrió el expediente administrativo y se habilitó la posibilidad de que desde la Defensoría General de la Nación se lo asista, en 2019”. 

Asimismo, indicó que “desde un primer momento se hace una evaluación y un informe y se detecta que hay indicios de trata de personas. Se juntan las pruebas para confirmar la existencia de este supuesto. Hay dos etapas, una primera en la que interviene la jueza federal de Río Grande y el fiscal federal en la que comienzan a juntar las primeras pruebas. Se interpone la querella y el proceso avanza en esa primera etapa”. 

Sobre su rol en el juicio, contó que desde la Defensoría intervienen “como querellantes, representando a la víctima. Al avanzar al escenario de juicio, intervenimos en el Tribunal Federal Oral con asiento en la provincia. El Juez escucha a todas las partes, advierte las pruebas y el querellante, el fiscal y el defensor hacen sus propias conclusiones. Luego se decide. En este caso fue la condena”. 

Además, señaló que “existe una acción penal y una patrimonial, que el Código Procesal Penal que está vigente en Tierra del Fuego habilita acción civil. Cuando alguien comete un delito, eso repercute en un daño patrimonial y se puede accionar pidiendo el resarcimiento. Se pide que se sustancie en un mismo proceso. Por eso en este caso existió una acción civil y el tribunal condenó parcialmente al pago de esa indemnización”. 

Candela también manifestó que trabajan “con la víctima y empezamos a tomar las primeras intervenciones. Hacemos entrevistas y tenemos personal propio. Hay aspectos psicológicos que debemos abordar. Hay una forma de abordar que empezamos a desarrollar, siempre teniendo en cuenta la autonomía de la persona. Su voluntad de avanzar en un proceso penal”. 

Respecto a la situación de la trata con motivos de explotación laboral en la provincia, el letrado aseguró que “no tenemos ningún tipo de consultas de casos por el estilo. Pero la oficina es pública y la persona que siente que es víctima de delitos de trata puede consultarnos. Hacemos una evaluación del caso y hacemos una recomendación. Que es lo que haría cualquier abogado al requerir una consulta”. 

No obstante, aclaró que “si se quiere hacer una exposición anónima, se puede llamar al 145 y ahí se obtiene asesoramiento inmediato y datos de la defensoría para que asista a esta dependencia”. 

Además explicó que “existen quienes quieren intervenir, entonces nos constituimos como querellantes e impulsamos. Pero si no quiere participar o busca hacerlo desde otro tipo de acción, debemos respetarlo. Este sistema de derechos y garantías se sustenta en este respeto de autonomía”. 

Por último dijo que “tenemos oficinas en el edificio Finisterre en Ushuaia, en 25 de Mayo 260. Atendemos consultas de quienes vengan, guardando su identidad. Actuamos con secreto profesional y con los mismos recaudos de un abogado”, cerró.