Río Grande.- Gina es una de las 14 mujeres que en Ushuaia, están privadas de la libertad por distintos motivos. La mujer de 25 años, está en las últimas dos semanas de gestación, y tiene fecha probable de parto el 19 de julio próximo. 

Las internas están alojadas en un edificio que depende del Servicio Penitenciario Provincial, y que oficia de alcaidía, aunque no posee las características, ni las comodidades que debiera tener, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 24.660 de “Ejecución de la Pena Privativa de la libertad”. 

Fuentes confiaron a este medio, “El Tribunal denegó la prisión domiciliaria, se pidieron informes médicos, actuó el médico forense. Hay tres celdas y esta mujer comparte la celda con otras internas. Si llega a parir en la celda, los edificios de Servicio Penitenciario no están en condiciones de tener un lactante en la celda”. 

Por este motivo, desde la organización feminista La Hoguera, emitieron un comunicado y buscan adhesiones de distintos organismos de Derechos Humanos, no sólo locales, sino también nacionales y expresan: 

“La joven de 25 años recibió ataques continuos y permanentes a su libertad y a su integridad física por parte de su ex pareja. Hoy se encuentra privada de su libertad sin condena, imputada del delito de homicidio agravado por el vínculo, por hacer uso de su legítima defensa. Gina está presa por defenderse, y espera su proceso judicial hacinada en un pabellón con un solo baño que comparte con otras 13 mujeres, mientras cursa un embarazo de 8 meses. 

Está presa sin condena firme, y sufre vulneraciones a derechos, no se le brinda la adecuada atención médica que requiere por el embarazo, porque cuando no es imposible la atención médica, ésta resulta ineficiente, no se le hace un debido control y no se le suministra la debida medicación; no se toma en cuenta los requerimientos alimenticios especiales que exige una gestación, lo que la lleva muchas veces a estar días sin comer, entre tantas otras situaciones. En definitiva, los derechos de Gina son vulnerados por el propio Estado, que primero la abandonó, y ahora la criminaliza por defender su vida. 

Ante los pedidos de excarcelación denegados, la defensa de Gina solicitó al Poder Judicial la prisión domiciliaria, contemplada en la Ley de Ejecución de la pena privativa de libertad, beneficio que incluye “a la mujer embarazada” sin otro requisito o agregado. A pesar de que la normativa es absolutamente clara, los miembros del Tribunal Oral -integrado sólo por hombres- rechazaron este pedido, cuando Gina estaba cursando el quinto mes de gestación. 

Esta solicitud fue denegada en varias oportunidades, a pesar de que contamos con una normativa nacional, y de que se encuentra establecido en múltiples tratados internacionales con jerarquía constitucional, y por la cual debe haber una debida diligencia estatal para ocuparse de que sean respetados. Además, cuenta con que el Director del Centro de Detención de Ushuaia emitió un informe en el que reconoció la inadecuada capacidad de la Alcaldía de mujeres, para alojar personas embarazadas. En el mes de Junio el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación solicitó la prisión domiciliaria a través del programa ACERCAR DERECHOS; y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un “amicus curiae” apoyando el mismo pedido que ya habíamos realizado desde La Hoguera. 

Gina esta presa sin condena firme, pobre, en situación de múltiples vulnerabilidades. El Tribunal Oral está afectando la protección integral de su familia, dejando la normativa vigente de lado. Negarle la prisión domiciliaria, en sus circunstancias, constituye un acto cruel, inhumano y degradante. 

Le exigimos al poder judicial que revea los criterios, hoy, solo se evidencia la falta de perspectiva de género por parte del tribunal al rechazar los pedidos de prisión domiciliaria, al ser una mujer gestante, con embarazo avanzado y próxima fecha de parto. El embarazo y el parto son una parte importante de la salud reproductiva y emocional de las mujeres, y así debe ser tratado. 

Este tipo de prácticas del Poder Judicial ponen en evidencia la necesidad de llevar adelante una reforma judicial feminista. Y también nos obliga -como sociedad toda- a pensar qué garantías concretas estamos dando a las mujeres que son víctimas de violencia de género. Porque es a través de los actores que forman parte de las instituciones del Estado que se imparten esas supuestas garantías y que hoy, lamentablemente, NO EXISTEN”, indican para concluir el comunicado.