Río Grande.- Este jueves por la mañana los integrantes de la Sala Acusadora integrada por los concejales Hugo Martínez, Pablo Llancapani, Cintia Susñar,  Javier Calisaya, Walter Campos y Miriam Mora se reunieron en la oficina de Presidencia del Concejo Deliberante para conformar la Comisión Investigadora en el marco del “pedido de juicio político al Intendente de Río Grande, Martín Pérez y a funcionarios responsables del control y manejo de fondos públicos”, según se detalla en la denuncia presentada por un vecino de la ciudad ante el caso de público conocimiento que involucra a un ex funcionario del área de Juventud Municipal.

Por sorteo, la Comisión Investigadora quedó conformada de la siguiente manera: Presidente, Javier Calisaya; miembros, Walter Campos y Hugo Martínez.

Cabe mencionar, que una vez ratificada o ampliada la denuncia, la Comisión Investigadora tiene la facultad de disponer de todas las medidas que considere convenientes y necesarias, tales como requerir informes o expedientes de las autoridades nacionales, provinciales, municipales o de particulares; tomar declaraciones a testigos y solicitar informes escritos a peritos; mandar a producir las pruebas ofrecidas, solicitar careos, compulsar libros; unificar las causas si hubiere varios denunciantes o varios denunciados por un mismo hecho; extraer testimonios y fotocopias de expedientes o archivos, y agregarlos a las actuaciones, siendo que el plazo máximo de producción de prueba será de veinte días hábiles.

Los hechos

Cabe recordar que el pasado 12 de mayo, la Asesora Letrada de la Municipalidad de Río Grande, Dra. Valeria Capotorto, confirmó que se rescindió el contrato de César Segovia, ahora ex Director de Juventudes, y además lo denunció penalmente por el uso de una tarjeta corporativa, destinada a gastos específicos como contrataciones de redes sociales. La denuncia fue recibida por el Fiscal Mayor, Dr. Martin Bramatti, quien además puso en marcha una serie de medidas, porque “el damnificado es el Municipio”, confirmó la abogada.

Según explicó, el ahora ex empleado gastó alrededor de 3.500.000 pesos con una tarjeta corporativa con la que adquirió, entre otras cosas, un reloj de última generación, una bicicleta, pasajes aéreos y hasta transferencias a un familiar directo.

Según Capotorto, el ahora denunciado, confirmó que había tomado datos de la tarjeta en la oficina de Gonzalo Ferro, cuando el mismo no lo advirtió y comenzó a utilizarla como propia. Textualmente señaló que “en el descargo el empleado declaró voluntariamente que había tomado los datos de la tarjeta en el despacho del Dr. Gonzalo Ferro y los incorporó a sus plataformas, conocidas como Mercado Pago”.