El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco (UCR - Tierra del Fuego) presentó un proyecto de Ley de Coparticipación Federal de Impuestos para que sea discutido y acordado en el Senado, ámbito natural de la deliberación entre las provincias y la Nación.

La propuesta se basa en dos pilares fundamentales.

El primero es el de la total separación de los recursos coparticipados entre la Nación y el conjunto de las 24 jurisdicciones (23 provincias y CABA) a partir de las fuentes tributarias. Esto permitirá terminar con las permanentes injerencias de los gobiernos centrales de turno en las cuestiones de distribución entre las provincias, injerencia que se limitará ahora exclusivamente al uso del Fondo de ATN. También el proyecto pone fin a la interrelación de los temas federales con el sistema previsional nacional, que había quedado inmiscuido por las “precoparticipaciones” de impuestos que terminaron en la Justicia: ahora la ANSeS vuelve a estar totalmente del lado de la Nación.

Blanco declaró que “a partir de su sanción, habrá solo 4 “impuestos federales” (IVA, internos, bienes personales y monotributo impositivo) cuyas recaudaciones se distribuirán enteramente entre las 24 jurisdicciones. El resto serán “impuestos nacionales” cuyo producido se distribuirán entre la Nación y la ANSeS. Dejan de existir las asignaciones específicas de impuestos y las garantías mínimas de recursos para las provincias”.

El segundo principio fundamental del proyecto es el de la correspondencia fiscal, ya que cada jurisdicción provincial recibirá el equivalente al total de los recursos que se generen en su propio territorio y, además, tendrá la facultad de modificar las alícuotas y las exenciones de sus impuestos federales.

Blanco señaló que se trata de “una propuesta muy innovadora y altamente viable gracias a dos instrumentos estratégicos. El primero es que la AFIP seguirá a cargo de la recaudación y distribución de todos los impuestos coparticipables: tanto de los federales como de los nacionales, aunque será convertida en un órgano verdaderamente federal, supervisado por todas las partes. El segundo es que se establece un sistema automático de compensaciones para el mantenimiento de la situación inicial, de modo que ninguna de las 25 partes firmantes (Nación, provincias y CABA) quede peor de lo que está en la actualidad”.

“El proyecto –puntualizó Blanco– permitirá además dar certezas sobre el futuro de los regímenes promocionales regionales, como el de Tierra del Fuego que vence en 2023 y aun no se sabe si se prorrogará o no y hasta cuándo, los de San Luis, La Rioja, Catamarca, y otros ya que, al quedar incorporados a la situación inicial, solo dependerán en el futuro de cada jurisdicción beneficaria”.