(Por Lorena Uribe y José Piñeiro) El pasado 11 de diciembre 131 Diputados de la Nación, dieron media sanción al Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Otros 117 votaron por la negativa, igualmente, el festejo colmó las calles y en otros casos los hogares, teniendo en cuenta la pandemia mediante.

En paralelo, se abordó un programa  tan importante como el otro; la Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia que el Ejecutivo nacional dio a conocer como el Programa de los 1.000 días, que brindará atención integral a las mujeres y personas gestantes decididas a continuar con su embarazo, y luego maternar.

Aquí, una guía para entender por qué la interrupción voluntaria del embarazo es una necesidad de salud pública. Las restricciones legales no se traducen en menor cantidad de abortos. Cada año se producen 22 millones de abortos inseguros en el mundo. Casi todos los abortos inseguros (98%) se producen en países en vías de desarrollo, según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2012. (OMS, 2012).  

En Argentina, se estima que se hacen por año entre 350.000 y 522.000 abortos inseguros, de los cuales no hay datos concretos, ya que se realizan fuera del sistema de salud público y fuera del alcance de cualquier tipo de registro oficial. 

Según la OMS (2012), casi todas las muertes y la morbilidad por el aborto inseguro ocurren en países donde el aborto está rigurosamente prohibido por ley. El aborto legal en los países desarrollados es uno de los procedimientos más seguros en la actual práctica médica, con mínima morbilidad y con tasas de letalidad de menos de una muerte por cada 100.000 procedimientos realizados (Grimes, 2006).

Los abortos clandestinos producen muertes que son evitables: Cada año, en el mundo, aproximadamente 47 mil mujeres mueren debido a complicaciones del aborto inseguro. Se calcula que 5 millones de mujeres que han abortado de forma insegura padecen discapacidades temporales o permanentes, incluso infertilidad.

La muerte por abortos inseguros es la primera causa individual de muerte materna en la Argentina desde 1980 (datos de Red Acceso al Aborto Seguros de Argentina –REDAAS- de 2018). Según fuentes del Ministerio de Salud de la Nación, en el trienio 2016-2018 se produjeron 704 muertes maternas. De éstas, 108 fueron por complicaciones de aborto (15,3%), y mueren por abortos inseguros unas 47 mujeres por año (REDAAS, 2018).  La despenalización no aumenta la cantidad de abortos según la OMS (2012), las leyes y políticas que facilitan el acceso al aborto sin riesgos no aumentan el índice o el número de abortos. La prevalencia de los abortos inseguros es alta en los 82 países con las normas más restrictivas. En los 52 países que permiten el aborto, la tasa de abortos inseguros es de 2 de cada 1000 mujeres en edad reproductiva (según Grimes, 2006). En Uruguay, la mortalidad materna disminuyó significativamente desde la legalización del aborto: de 37% a 8% (REDAAS, 2018). En Rumania y Guyana también se redujo la tasa de mortalidad. En Ciudad de México, legalizado en 2007, la tasa comenzó a bajar en 2013 y atendió 191.356 mujeres sin reportar complicaciones.

En España, tras la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y su entrada en vigor en 2011, las tasas de IVE por cada 1000 mujeres no mostraron aumentos. El aborto legal implica menores costos económicos que el aborto clandestino. 

Garantizar el acceso a servicios de aborto legal reduce los costos para el sistema de salud

 El tratamiento de las complicaciones por abortos inseguros sumado a los costos indirectos asociados su morbilidad y mortalidad genera más gastos que su acceso legal. Los costos de incorporar la atención para un aborto sin riesgos son bajos respecto de los que acarrean las complicaciones por abortos inseguros. En algunos países, hasta el 50% de los presupuestos de las áreas de obstetricia y ginecología se dedican al tratamiento de las complicaciones de abortos inseguros. Los abortos hasta la semana 14 en condiciones de legalidad son seguros y bajos en costos. Se hacen por medios químicos. En Argentina, un estudio publicado por la Universidad de Lanús en el año 2018 que compara los costos monetarios totales en 2018 (privados o de bolsillo y para el sistema de salud) entre abortos legales y abortos clandestinos, arroja que podría ahorrarse una gran cantidad de recursos si se implementaran los protocolos recomendados. Mientras que los abortos inseguros implicaron un total de $ 21.282.000 en gastos, las prácticas seguras arrojaron menos de $ 4.000.000 en todos los procedimientos (medicamentos, aspiración manual endouterina o combinaciones entre ambos).  

Nuestro país se encuentra ante una oportunidad histórica, dar un enorme paso en beneficio del cuidado de la salud de un enorme sector de mujeres pobres, que no tienen el poder adquisitivo necesario para acceder a una interrupción del embarazo en condiciones seguras e higiénicas. La realidad es que el aborto es una práctica que existe, negarlo es de una gran hipocresía, pero lo cierto es que la diferencia entre tener o no medios económicos para practicarlo es lo que se lleva la vida de miles de mujeres de escasos recursos.

No hay un solo punto del Proyecto de Ley que obligue a quienes no desean interrumpir su embarazo a hacerlo, pero el proyecto da derecho a quienes tengan esa necesidad o esa determinación, para que puedan salir de la clandestinidad y resguardar su salud. Un simple repaso por el mapa de países que legalizaron la interrupción del embarazo demuestra lo progresivo de la norma, en contra del oscurantismo al que nos quieren someter quienes pretenden imponer sus creencias e ideologías, con un discurso más cercano al de los Cruzados que al pensamiento científico.