Río Grande.- “Desde la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, las mujeres y disidencias nos reunimos ayer 18 de noviembre para exigir, una vez más, que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por la Campaña en mayo de 2019 e impulsado por más de 700 organizaciones sea legalizado en nuestro país”, expresaron en documento elaborado y mencionado ayer, tras intevenciones y militancia en las calles, después de muchos meses de impedimento, debido a las medidas sanitarias dispuestas.

“Los datos nos demuestran que es una realidad que no puede esperar. Actualmente en Argentina, cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años es forzada a gestar, parir y criar. Se realizan aproximadamente 54 abortos por hora, es decir, 1300 por día. Por año, esa cifra oscila entre 370.000 y 520.000. Existen 39.025 internaciones derivadas de complicaciones por abortos cada año”, expresaron.

“Si bien en Argentina existe la interrupción legal del embarazo (ILE) desde el año 1921, que ha sido ratificada por el conocido y emblemático fallo F.A.L sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre abortos no punibles, hoy casi un siglo después las personas gestantes encontramos barreras institucionales, administrativas y fácticas para el acceso a servicios médicos en distintos lugares del país”, aseguraron.

“Tierra del Fuego no es la excepción. Por ello, hoy y siempre, resulta necesario recordar que nuestra provincia adhirió al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo en el año 2012 y que el mismo fue actualizado en diciembre del 2019 por el Ministerio de Salud de la Nación”.

“Si bien celebramos que desde mayo de 2020, y en el contexto de la pandemia, comenzaron a funcionar en la ciudad de Río Grande y Ushuaia los consultorios ILES con equipos interdisciplinarios que se encargan de garantizar un derecho consagrado en nuestro país desde principios del siglo pasado advertimos que siguen existiendo barreras para su implementación”.

Denuncian obstaculización para las Interrupciones Legales de Embarazos

“Desde esta Regional tomamos conocimiento a través de los acompañamientos realizados por la organización Peste Rosa que en el Hospital Regional de Río Grande y en el sector privado se obstaculizan las Interrupciones Legales del Embarazo”.

“En los últimos meses, personas que debían ser internadas para esta práctica bajo la causal salud  vivieron situaciones de destrato por parte de los y las profesionales, quienes apelaron a dilatar innecesariamente la práctica y realizaron procedimientos ginecológicos tales como tactos vaginales violentos, ecografías con sonido e imágenes sin haber explicitado a la persona gestante su derecho a no ver las imágenes si no lo desea, tal como lo establece el protocolo ILE, entre otras acciones que configuran violencia obstétrica”.

“En algunos casos incluso se derivó a las personas al Hospital de Ushuaia, porque no pudieron dar respuesta en el nosocomio de Río Grande, cuestión que complica aún más en contexto de pandemia el acceso a un derecho ya establecido”.

“Las personas que hoy necesitan acceder a una ILE y deben hacerlo con internación en el 2° trimestre de gestación, tienen como única opción viajar a la ciudad de Ushuaia para que el equipo médico del consultorio de ILE del Hospital Regional de Ushuaia pueda garantizar dicha interrupción”.

“Ante estas situaciones que vulneran nuestros derechos es necesario recordarles a quienes sistemáticamente lo obstaculizan que el actual protocolo de interrupción legal del embarazo establece que:

-No brindar información completa, dar información inadecuada y obstaculizar la práctica constituyen actos de discriminación y violación al derecho a la igualdad ante la ley, consagrado no sólo en la Constitución Nacional sino también en los Tratados Internacionales de derechos humanos. Y, en caso de tratarse de personal del subsistema público de salud, estas acciones pueden configurarse también en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. (pág. 16 Protocolo ILE 2019)”.

“También pueden acarrear sanciones las prácticas de integrantes del equipo de salud que constituyan violencias en sus diversas modalidades, descriptas por la ley 26.485. Violencia institucional, Violencia contra la libertad reproductiva y Violencia obstétrica (pág. 24 Protocolo ILE 2019)

“Las demoras innecesarias o el brindar información falsa para llevar a cabo el tratamiento constituyen actos que pueden ser sancionados administrativa, civil y/o penalmente. (pág. 25 Protocolo ILE 2019)”

“Consideramos que las actitudes anteriormente mencionadas son tipos de violencias a los que somos sometidas las personas con capacidad de gestar y, por ende, de abortar.

En pocas palabras: obstaculizar una interrupción legal de un embarazo es DELITO”.

El camino hacia la legalización del aborto está precedido por la correcta y efectiva aplicación de la ILE.

Desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional Tierra del Fuego y desde Peste Rosa invitamos a todes les profesionales de la salud que quieran acompañarnos en  este justo reclamo a participar de las acciones que venimos realizando para que este año el Aborto Sea Ley!

Exigimos perspectiva de género a les profesionales del sistema de salud fueguino. Basta de violencias sobre nuestros cuerpos”, indica el documento de las activistas.