En sesión especial los concejales aprobaron en primera lectura la toma de un préstamo de $100 millones para adquirir maquinaria para obra pública. El proyecto deberá ser expuesto en las instancias de Audiencia Pública, reunión en la que se espera la participación de la comunidad, según lo adelantó el concejal Juan Carlos Pino.

El presidente del Concejo manifestó que la compra de maquinaria para solucionar los problemas de asfalto que tiene la ciudad es una “oportunidad única de la que no se los puede privar a los vecinos”. Y agregó que “esta ciudad nunca tuvo una planta de asfalto propia, hoy los pozos se tapan con tierra, a la ciudad le falta asfalto el barrio Ecológico hace 30 años, al igual que todos los barrios de la ciudad”.

Pino remarcó que “es una oportunidad de dotar de herramientas necesarias al Estado Municipal. Estoy convencido que este proyecto es de la ciudad y para los vecinos y vino para dar una solución”.

Los concejales de la oposición manifestaron la falta de información con la que cuenta el proyecto y dijeron que “las exposiciones que dieron los funcionarios municipales sólo quedaron en palabras sin ninguna información oficial. Seguimos teniendo más dudas que certezas”.

Romano y Garramuño objetaron la exposición que realizó en comisión el Secretario de Finanzas municipal porque “desconoce las ordenanzas y las leyes que operan en la ciudad; desconoce la ordenanza de administración financiera que es la biblia para nosotros y todo lo que hacemos tiene que estar bajo este marco y este proyecto no cumple con ningún aspecto establecido”, según dijeron.

Además los concejales autorizaron al Municipio a otorgar decretos de adjudicación y posterior emisión de los títulos de propiedad de los predios fiscales ubicados dentro del ejido urbano de la ciudad de Ushuaia que no cuenten con la infraestructura de servicios, pero que estén comprendidos en las operatorias que ejecute el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) a fin de asegurar que el destino de los predios sea para la construcción de viviendas familiares.

Mientras que el oficialismo defendió el proyecto del Ejecutivo bajo el argumento de la necesidad de los vecinos y vecinas de contar con los títulos de propiedad para poder realizar operaciones que les permita obtener fondos para construir sus viviendas, la oposición argumentó que la ordenanza remitida violenta lo establecido por la Carta Orgánica Municipal toda vez que “no se pueden entregar tierras que no cuenten con los servicios básicos” dijeron.