Lo cierto es que el gobierno nacional avanza con la reforma judicial y el consejo de juristas asesores, la constitución de la comisión de juristas que asesorará al Gobierno durante al menos dos meses, tendrá como objetivo principal la ampliación de la Corte, como así también establecer modificaciones estructurales en el sistema judicial argentino.

Según un cable de TELAM, el comité de expertos estará compuesto por Carlos Beraldi (abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner); Inés Weinberg, titular del Superior Tribunal de Justicia porteño y excandidata a la Procuración General; Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista; el excamarista y exministro de Seguridad bonaerense León Arslanian e Hilda Kogan, ministra de la Corte bonaerense, según los portavoces.

También estarán Omar Palermo, juez de la Corte de Mendoza; el especialista en Derecho Penal Enrique Bacigalupo; el constitucionalista Gustavo Ferreyra, la experta en Derecho de Familia Marisa Herrera y Claudia Sbdar y María del Carmen Battaini, juezas de las Cortes de Tucumán y Tierra del Fuego.

El propio presidente Alberto Fernández, quien está al frente del diseño de la reforma, mantuvo contactos en las últimas horas con varios de los postulados para esa comisión.

Una de las conversaciones fue con la jueza Weinberg, que se desarrolló en un tono "cálido y amable" y en la que el primer mandatario le ratificó el ofrecimiento. La comunicación tuvo el dato adicional favorable de que ambos se conocen desde hace bastante tiempo y "son profesores de la UBA", dijeron las fuentes vinculadas a la Justicia.
 

Se duplicarían los juzgados federales

Fernández analiza los cambios proyectados por el Gobierno junto a funcionarios relacionados con el tema, como la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y la titular de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.
La propuesta, que llegaría al Senado este miércoles, incluiría esa nómina de juristas de diversas tendencias políticas que se encargará de estudiar las modificaciones estructurales y normativas para los tribunales.
De acuerdo con lo trascendido hasta ahora, se duplicarían los juzgados federales a raíz de la nueva composición de lo que se llamaría fuero Federal Penal por el plan de fusión de los tribunales criminales con los penales económicos.
En principio se buscará que pasen sin problemas por el Congreso los puntos menos conflictivos, como esa unión de fueros, por lo que quedaría fuera de este primer debate el tema de una eventual reforma en la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Además, con el fin de que esta primera etapa se cumpla rápidamente, el proyecto ingresará por el Senado, donde el oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar sus iniciativas, incluyendo a aliados provinciales, dijeron las fuentes.
Otro de los puntos que incluirá el proyecto será el impulso para generalizar el sistema acusatorio (a través de los fiscales) y de los juicios por jurados, esquemas que se aplican solo en algunas provincias.
Otro aspecto del proyecto será la constitución de una comisión de juristas destacados para avanzar con reformas de fondo, en la que estarían el abogado Carlos Beraldi, el excamarista León Arslanián, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia porteño, Inés Weinberg, y la ministra de la Suprema Corte bonaerense Hilda Kogan.
Sobre este consejo de asesores, Fernández había dicho que funcionará durante 60 días y tendrá "mucha pluralidad y mucha seriedad académica".
También dijo durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso que "nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos".
Y que ello "impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del Derecho".
Allí había anticipado la puesta en marcha de un "fuero federal penal" que dote de mayor agilidad y eficacia a los tribunales, especialmente los que tratan temas sensibles y complejos como la corrupción y el narcotráfico.
En el Senado la comisión de Justicia y Asuntos Penales está presidida por el exsecretario General de la Presidencia y extitular de la AFI, Oscar Parrilli, quien este lunes dijo que hay una "necesidad" de una reforma judicial integral para terminar con los "sótanos de la democracia".
"Los sótanos de la democracia son esta connivencia que existía entre los organismos de inteligencia, medios de comunicación, algunos jueces y fiscales, funcionarios del Poder Ejecutivo, que habían establecido todo un sistema de espionaje político", remarcó.
Y la reforma, sostuvo, debe garantizar que "los fallos de los jueces estén inspirados en la Constitución, en la ley y en las pruebas que tengan".