Según la agencia oficial Télam el funcionario provincial Gustavo Caro, quien a pesar de la imputación permanece en libertad, declaró durante  dos horas, ante la jueza Federal de Río Grande Mariel Borruto, que investiga el accionar de una organización dedicada al narcotráfico a partir del hallazgo de 27 kilos de marihuana.

Una pericia realizada por la División de Narcocriminalidad y Delitos Federales de la policía fueguina agregada a la causa, se refiere al “certificado de excepción” que Caro le habría entregado a Agustín Anchordoqui, uno de los imputados y detenidos por el hallazgo de la droga, para “circular libremente por Río Grande y Tolhuin durante el aislamiento", simulando que se trataba de “personal esencial”.

Por su parte, de las intervenciones telefónicas realizadas por la Justicia surgieron intercambios de mensajes de audio y texto entre Caro y miembros de la banda, donde el funcionario se refiere a la gestión de esos permisos para circular.

Estos elementos fueron valorados por el fiscal Federal Marcelo Rapoport para solicitar la indagatoria del subsecretario.

En tanto, el defensor de Caro, Francisco Ibarra, informó a Télam que su cliente aceptó declarar a través de una videoconferencia ante la jueza y negó los cargos que se le imputan.

Según el letrado, el permiso por el que se lo acusa “expiró el 31 de marzo” mientras que el operativo donde se secuestró la droga tuvo lugar el 15 de junio.

“Valoraron unos mensajes para establecer una relación con los detenidos que no es tal. No hay ninguna prueba que permita vincular a mi defendido ni con el otorgamiento del permiso ni con la maniobra de tráfico de estupefacientes”, aseveró Ibarra.

Sin embargo, para la Justicia de las intervenciones telefónicas realizadas surgen elementos incriminatorios.

“Yo te consigo uno que es libre. Voy a ver si te consigo ese (…) uno de gobierno, directamente de la policía”, señala el subsecretario en uno de los mensajes, según la pericia a la que tuvo acceso Télam.

Otro tramo de esas comunicaciones se refiere al momento de la entrega del certificado: “En cinco minutos llego, amigo, esperame así te doy el papel rápido”, afirma el funcionario.

En tanto, en el expediente también figura un seguimiento policial efectuado al subsecretario por las calles de Río Grande, mientras conducía una camioneta oficial del Gobierno y del que surge que se detuvo frente a una vivienda y recibió de otra persona lo que sería un “ladrillo” de marihuana.

“Estaríamos frente a un consumidor y transportista minorista de sustancias estupefacientes, con el agravante de que Caro utilizaba la camioneta del Estado provincial para sortear los controles durante la pandemia, y para transportar drogas y dinero entre Río Grande y Tolhuin”, aseguran las conclusiones de la pericia.

Hasta el momento, la jueza Borruto dictó el procesamiento de cinco personas por su vinculación con la causa, a quienes acusó del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la participación de más de tres personas”.

Se trata de Carlos Mario Bennati, Agustín Anchordoqui, Gastón Vicente Denis Almada, Juan Ariel Duarte y Luis Eduardo Alcoba.

En el caso de Bennati, Achordoqui y Denis Almada, Borruto también dispuso la prisión preventiva, por lo que continuarán detenidos mientras se desarrolla el proceso, mientras que Duarte y Alcoba recuperaron la libertad, ya que la jueza les atribuyó una participación secundaria.

Además, la magistrada indagó a otros tres sospechosos de formar parte de la banda, y en último término citó a Caro, cuyo domicilio ya había sido allanado semanas atrás.

El tanto, el Gobierno fueguino se puso a disposición de la Justicia al conocerse la vinculación del subsecretario con el caso, y dispuso la “suspensión” de Caro sin goce de haberes, aunque evitó cancelar su designación.