Río Grande.- El Dr. Gonzalo Sagastume, miembro del Superior Tribunal de Justicia, expuso los argumentos para el pedido de ampliación de la Corte elevado formalmente a la Legislatura. Por Radio Nacional Ushuaia, señaló que “la motivación está plasmada en la resolución del Superior Tribunal que fue remitida al gobierno de la provincia para su consideración. En términos generales, el aumento poblacional desde la creación del Poder Judicial en el año 1991 a la fecha fue de un 107%. Esto repercute en el crecimiento de la cantidad de litigiosidad, que supera incluso ese 107% de aumento poblacional. La cantidad estadística que nos informa la secretaría pertinente es notable”, afirmó.

“Hay un aumento de la demanda de todos los tribunales que se han creado, y hay otros que se crearon que todavía no han sido puestos en funcionamiento, como el juzgado de Tolhuin, los juzgados contravencionales. Con una mirada a futuro resulta razonable poner en balanza esta ampliación del Superior Tribunal, y eventualmente discutir en el marco de la Legislatura un proceso de división de salas. Son una serie de cosas que quedarán a consideración de la Legislatura, y para la reforma se requiere una mayoría agravada de dos tercios de los miembros”, recordó.

“El año pasado nosotros presentamos las reformas de los códigos civil y comercial y del código penal. Todo este debate se debe dar en el ámbito de la Legislatura. La necesidad de ampliar la Corte es para agilizar la justicia, para estar a la altura de los tiempos de resolución. En todas las jurisdicciones del país no hay ningún tribunal que sea de múltiples competencias y de tres miembros. La mayoría de las provincias tienen cinco o más miembros, y algunas tienen nueve”, indicó.

“La experiencia de la pandemia llevó a un aceleramiento del modo informático. El 1° de junio se puso en funcionamiento el sistema Kayén, hubo una presentación de abogados de 3.300 presentaciones. Hoy es 10 de junio y estamos hablando de entre 2.500 a 3.000 presentaciones informáticas. En este momento estamos funcionando al 50% y esto lleva a la necesidad de plantear la reforma en el ámbito legislativo del Superior Tribunal”, dijo.

Remarcó que Tierra del Fuego “es la única provincia hasta donde tengo conocimiento que queda con tres miembros y con competencia múltiple, es decir con todas las materias, además de la secretaría de demandas originarias, que es un juzgado de primera instancia en sí dentro del Superior Tribunal”.

Consultado acerca de si es el momento económico para hacer esta ampliación, respondió que “está considerado y esto se va a dar en el debate en la Legislatura. Lo importante acá es considerar, amén del costo, el beneficio que puede tener para la sociedad tener un tribunal más célere y eventualmente postulado en salas especializadas. Uno tiene que ver la prioridad entre el servicio de justicia y la cuestión económica. Obviamente la cuestión económica se va a poner en consideración, pero a nosotros nos pareció que este es el momento”.

“Ya el constituyente previó a los 30 años la eventual ampliación. En su momento los representantes del MPF no limitaron el número a cinco, pero aceptaron la ampliación directa con una mayoría agravada de la Legislatura, sin límite de miembros”, apuntó.

El pedido salió con la firma de los tres integrantes y “lo veníamos analizando desde el año pasado. La cuestión económica va a ser todo un tema de debate pero tenemos en consideración que vamos a un proceso de informatización, como dije anteriormente, y va a generar una evolución que va implicar un cambio copernicano en el funcionamiento del Superior Tribunal”, sostuvo.

Respecto de la estructura que implica la ampliación de miembros y el impacto presupuestario, aclaró que “en este momento no tengo los números. Lo que planteamos es la ampliación de miembros a cinco y las otras eventuales reformas se tratarán. Por el momento el aumento presupuestario sería de dos miembros. El costo estructural de todo lo que implica una vocalía lo debería consultar con el área de personal. El proyecto se limita a la incorporación de dos miembros y la cuestión presupuestaria será puesta en conocimiento de la Legislatura oportunamente, que recibirá los informes pertinentes, porque toda ampliación conlleva un gasto y una partida pertinente. No es el paso inicial la cuestión del monto que irroga la reforma, sino que el objetivo es el servicio de justicia”.

Finalmente se refirió a la modalidad de trabajo actual, y dijo que “se realiza en forma presencial con un 50% del personal y hay gente haciendo trabajo diario y otros con teletrabajo. El avance con la plataforma Kayén hace que se pueda trabajar de forma informática. Es complejo el funcionamiento, y es imprevisto dada la situación en crisis pandémica, pero el servicio de justicia está respondiendo bien. Cuesta, pero he tenido la manifestación de muchos abogados que están muy conformes con este paso hacia adelante que hemos dado en una situación tan complicada. Esto llevó a una impronta muy grande hacia la informatización en estos últimos meses. La necesidad nos llevó a un estiramiento del esfuerzo por parte del área informática para estar a la altura de las circunstancias”, concluyó.