Tdfonline pone a disposición de la ciudadanía el documento completo emitido, este miércoles 22 de abril, por el Colegio Público de Abogados de Río Grande ante los anuncios efectuados por la ministra de Seguridad de Tierra del Fuego, Adriana Chaperón.

“El Poder Ejecutivo Provincial pretende implementar medidas que claramente vulneran derechos constitucionales aún en épocas de pandemia, como las que nos toca vivir.

Que, a través de declaraciones emitidas por la Ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, se analiza poner en funcionamiento una App, por la cual se lleve adelante, mediante dispositivos tecnológicos (vía telefonía móvil), el control geoposicional de los habitante de la provincia, limitando y controlando la circulación, pretendiendo justificar esto en la necesidad de la limitación de la circulación personal como consecuencia de la pandemia del Covid-19.

Esta pretendida conducta gubernamental, resulta claramente violatoria de derechos previstos en nuestra Constitución Nacional, el derecho a la libre circulación previsto en el artículo 14 y el derecho civil a la intimidad y la libertad individual como derecho natural del hombre previsto en el artículo 19 del mismo cuerpo constitucional.

Cabe señalar que, los derechos de los ciudadanos, en un caso de excepcionalidad, como resulta la pandemia, sólo pueden ser limitados dentro de un marco de razonabilidad, situación ésta que no se verifica en el pretendido control de circulación geoposicional y limitación temporal de la misma, ya que, a más de la desmedida pretensión, no existe garantía alguna que esos datos geoposicionales brindados por las compañías telefónicas, una vez en manos del Estado, no pretendan ser utilizados para otros fines fuera de la particular situación que vivimos.

Estamos comprometidos con el aislamiento como medida de control de la pandemia, pero no por ello permitiremos el avasallamiento ni renunciaremos a la defensa de los derechos constitucionales que hacen a la esencia misma del sistema democrático que tanto nos ha constado recuperar y mantener.

Por ello, como profesionales del derecho debemos advertir al Gobierno de la Provincia que en caso de hacerse efectiva la aplicación de dicha App, este Colegio se encargará de la defensa de los derechos ciudadanos iniciando las acciones de inconstitucionalidad pertinentes.

Debe la sociedad en su conjunto saber que, quienes ejercemos el derecho estamos atentos a la defensa de los derechos fundamentales que hacen al desarrollo de nuestra vida dentro del sistema democrático y en tal sentido actuaremos”.