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Por incompatibilidad de funciones

Denuncian a funcionario por el Corredor del Beagle

El Fiscal de Estado emitió un dictamen en respuesta a una denuncia efectuada por la Asociación de Profesionales de Turismo. El magistrado advierte sobre la doble función del ingeniero forestal Ricardo Vukasovic que se desempeñaba en la Secretaría de Hidrocarburos de Tierra del Fuego y su vez era asesor de la empresa Gancedo que lleva adelante la cuestionada obra de apertura de la Ruta 30 hacia el este, sobre la costa.

El Fiscal de Estado de Tierra del Fuego, Virgilio Martínez de Sucre, emitió el dictamen 04/2019 advirtiendo sobre la incompatibilidad de funciones del ingeniero forestal Ricardo Vukaovic.

 

El documento emitido por el magistrado responde a una denuncia efectuada por la Asociación de Profesionales de Turismo.

 

Martínez de Sucre confirmó que en el periodo comprendido por la denuncia, Vukasovic se desempañaba como funcionario de la Secretaría de Hidrocarburos de Tierra del Fuego y al mismo tiempo como asesor de la firma Felipe Gancedo, contratada por el Gobierno Provincial para llevar adelante la obra del Corredor del Beagle. En este aspecto constató un “conflicto de intereses”.

 

Según el dictamen del Fiscal de Estado, Vukasovic se desempeña como Subsecretario de Producción y Desarrollo Energético y en febrero de 2018 “pidió la inscripción en el Registro Provincial de Consultores Ambientales”, para pasar a desempeñar esa función paralela dentro de la empresa Gancedo.

 

Aunque en su dictamen el Fiscal aclara que no hay una norma específica en la provincia referida a incompatibilidades y conflicto de intereses, señala que la nación “ha suscripto compromisos internacionales en materia de transparencia y anticorrupción que obligan a los estados provinciales a exigir a sus funcionarios, de cualquier rango, el debido respeto a los mismos” como la Convención Interamericana contra la corrupción, el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que contienen disposiciones que apuntan a “evitar perjuicios y riesgos” al erario público.

 

Argumenta que “las incompatibilidades protegen al erario público frente al riesgo de que un agente que cumple diferentes funciones produzca un perjuicio a su financiamiento o funcionamiento”, resalta, entendiendo que el conflicto de intereses atenta contra “la imparcialidad en el ejercicio de la función, la igualdad de trato e independencia de criterio”.

 

No obstante, la resolución de Martínez de Sucre no establece ninguna medida sancionatoria sino que se circunscribe a comunicar la situación a la gobernadora y a las distintas dependencias gubernamentales, a fin de hacerla cesar.

 


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