El decreto 620 fue enviado a la Legislatura para su aprobación, cumpliendo con lo que determina la ley de Tierras Fiscales respecto a que las adjudicaciones “a partir de una superficie de 101 hectáreas, además de resolverse mediante decreto con acuerdo general de ministros, requerirá la ratificación del Poder Legislativo”.

Este decreto viene además a cumplir con dos fallos del máximo órgano judicial de la provincia: sobre el trámite contencioso administrativo y sobre la ejecución de la sentencia, en ambos casos favorables a la demandante.

En el primer fallo del 2014 sobre la demanda contencioso administrativa, la Justicia falló a favor de Antunovic y ordenó al Ejecutivo que dicte un nuevo acto “con apego a la doctrina”. Este fallo fue incumplido por el gobierno de Fabiana Ríos y no fue objeto de Recurso Extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por expresa instrucción de la entonces mandataria. En el 2015, Antunovic inicia una nueva demanda para lograr la ejecución de la sentencia, por lo que el Superior Tribunal  intimó al Gobierno a cumplir en un plazo de 20 días con lo ordenado en 2014.

En agosto del 2015, la ex gobernadora Ríos dictó el decreto 1892/15 no haciendo lugar a la petición de Antunovic, medida que fue impugnada judicialmente. El 10 de febrero de 2016, el Superior Tribunal ordena por segunda vez al Ejecutivo a dar cumplimiento a la sentencia del 2014.

El decreto 620/16 fue remitido a la Legislatura en mayo del 2016, pero nunca fue tratado. Según lo establecido en la Ley 1184, la Legislatura cuenta con 30 días hábiles para ratificar o rechazar los decretos de adjudicaciones de tierras fiscales provinciales de más de 100 hectáreas. Si una vez vencido ese plazo no se hubiera tomado decisión alguna, el decreto en cuestión “se considerará ratificado tácitamente”.

El 9 de enero del 2018, la Sra. Antunovic presenta un nuevo reclamo a la gobernadora solicitando la inscripción dominial de la tierra adjudicada, entendiendo que por la Ley 1184, ya pasados los 30 días desde su remisión el decreto cuenta con la aprobación legislativa.

Ahora son los legisladores quienes tienen la responsabilidad de resolver esta controversia que puede derivar en un conflicto institucional, ya que si los parlamentarios deciden rechazar el decreto, empujarían al Gobierno a incumplir una sentencia dictada por el más alto tribunal.