La CAME, que agrupa a medianas empresas, reclamó el descenso del IVA y los impuestos provinciales en las facturas de los servicios públicos. "Hay ciudades del país donde se cobran más de 10 cargos recaudatorios. Junto con el IVA pueden llegar a explicar hasta el 60% del valor de la factura", manifestaron. La asociación se pronuncia un día antes del voto del Senado sobre una ley que limite los aumentos de tarifas.

"Preocupa la politización del tema porque volver al viejo esquema tarifario subsidiado no ayudará a resolver la crisis energética" indicaron. CAME "apoya el gradualismo en las subas pero con un rebalanceo en las facturas de las grandes empresas, ya que las PyMES electrointensivas pagan en promedio un porcentaje mayor".

"Así como el Gobierno nacional busca sincerar el valor de las tarifas quitando subsidios, actualizando los valores y proponiendo reducir el IVA, es momento de que las provincias y municipios hagan lo mismo y reduzcan y ordenen los cargos que se cobran", expresó Came en un comunicado. La entidad reclama que las boletas de luz, gas y agua "deben ser liberadas de los costos "que no se vinculan específicamente al servicio.

"Si se toman en cuenta las boletas de diferentes partes del país, en la mayoría la carga tributaria promedia el 30%, pero alcanzando máximos de hasta el 60%. Algunos son impuestos visibles y conocidos, como IVA o Ingresos Brutos, pero otros, son cargos múltiples que no se sabe a ciencia cierta a qué se destinan y engrosan el valor de la factura. Gastos de sepelio, fondos especiales y solidarios, contribuciones municipales, tasas, alumbrado barrido y limpieza, son algunos ejemplos", ejemplificaron.

De esta forma, CAME se sumó a parte del arco empresario -Foro de Convergencia, IDEA- que se viene pronunciando en contra de una política tarifaria que no tenga en cuenta el impacto fiscal.