Se tensa aún más la situación en Santa Cruz con el Sindicato de Petroleros Privados, que inició un paro de 48 horas en solidaridad con su secretario general, que permanece detenido desde el viernes a la madrugada y en huelga de hambre.

Investigado como presunto “jefe de una banda” en la causa caratulada como “asociación ilícita”, Claudio Vidal, principal autoridad del gremio petrolero santacruceño, continúa en huelga de hambre exigiendo su libertad y ayer la Comisión Directiva del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz, anunció que iniciaba un paro por dos días.

El escrito anticipando la medida fue presentado ante la Secretaría de Trabajo, donde especificaron que no se verá afectada la producción hidrocarburífera y que los trabajadores permanecerán en sus lugares de trabajo. "Ante todo, nuestra intención es dar fe del profundo sentido social que ha tomado el Sindicato Petrolero y Gas Privado de Santa Cruz mediante el rol de su actual conducción, como garante permanente de la Paz Social en su provincia y en la región en particular", dice la carta y agrega: "Dicha medida obedece al brutal ataque a la libertad sindical e intromisión a la autonomía colectiva, que significó la arbitraria detención de nuestro Secretario General y una veintena de delegados y miembros de la comisión directiva".

Preocupado por el escenario que podría avanzar hacia un cese de la producción, el gobernador Daniel Peralta planteó que YPF, principal operadora en Santa Cruz, pierde 1 millón y medio de dólares por día por la retención de tareas “porque existen logísticas que se resienten y ahí es donde se produce la pérdida de dinero antes mencionada”, manifestó el mandatario provincial.

El giro rotundo en la decisión de la entidad gremial inquieta en la Provincia. Hace sólo 24 horas la misma comisión directiva había decidido levantar la medida de fuerza garantizando la paz social.

Vidal está detenido junto a otros dirigentes del sindicato petrolero tras los 25 allanamientos simultáneos realizados el viernes pasado en Caleta Olivia, Río Gallegos, Las Heras y Pico Truncado, donde se secuestraron más de 12 armas de diferentes calibres, dinero y vehículos. La situación se agrava aún más con la causa por el homicidio de Reynaldo Vargas de 24 años, que murió durante la balacera que protagonizaron los petroleros y la UOCRA hace una semana.

El gobernador santacruceño no ocultó su preocupación y, en rueda de prensa, reconoció: "Estamos frente a una situación muy complicada, ya que ni nosotros, ni el país, ni los propios trabajadores petroleros, están en condiciones de sufrir despidos, y tener algún tipo de consecuencia a partir de lo finito que es hoy, la línea de operación que tiene la contratista y la subcontratista con los costos de las operadoras".