La Gobernadora Fabiana Ríos y el legislador Pablo Blanco, en su carácter de Presidente de la Comisión de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Legislatura provincial se reunieron en la ciudad de Buenos Aires con el Relator para Argentina del Subcomité del Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, Dr. Emilio Ginés Santidrian. Participaron también de la reunión el Dr. Enrique Font, responsable del Área de Implementación del Protocolo Facultativo contra la Tortura de las Naciones Unidas, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; el Señor Federico Villegas Beltrán, Director General de Derechos Humanos de la cancillería y el equipo de asesores técnicos correspondiente.

El objetivo del encuentro fue el de establecer acuerdos sobre ajustes que deben realizarse en los marcos legales sancionados para la creación de los Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura, para que estos cumplan con el Protocolo Facultativo de las Naciones Unidas.

La meta de los representantes de la Organización de Naciones Unidas es lograr operatividad plena del Protocolo y que todas las provincias argentinas realicen adaptaciones a sus leyes para que esto sea posible. En tal sentido, la Gobernadora Ríos destacó que el último viernes elevó a la legislatura un proyecto de modificación de la Ley 857 por la que se creó el Comité de Prevención contra la Tortura y Malos Tratos en Ambientes Carcelarios. Esta norma había sido observada por parte del Organismo Internacional y, de esta manera, se espera que pueda ser adecuada.

El Legislador Pablo Blanco se comprometió a tratar la modificatoria de la Ley para cumplir plenamente con lo establecido por el Protocolo Internacional.

Blanco se mostró muy satisfecho al término de la reunión y declaró que “vamos a estudiar con atención el proyecto remitido por la gobernadora y haremos lo posible para que nuestra provincia se adecue a los más altos estándares internacionales en materia de prevención de la tortura, los tratos cueles, inhumanos o degradantes. Si nuestro país es miembro firmante del Protocolo, es lógico que cada provincia tenga que cumplir a rajatabla con él”.