Si algo le faltaba al gobierno es que la Obra Social  de los empleados del Estado, dirigida por una mujer puesta por el propio Mellella lo denuncie penalmente por incumplimiento de los aportes y le exija un desembolso inmediato de 6 mil millones de pesos.

Presionada por sus pare y sobre todo por los afiliados, la conducción del OSFE no le quedó otra que avanzar con un reclamo apoyado con una denuncia penal. Las intimaciones formales van dirigidas a distintos organismos públicos por el incumplimiento en el pago de aportes y contribuciones patronales.

La documentación oficial, revela que la obra social inició una ofensiva administrativa y legal para reclamar deudas acumuladas durante los últimos años. Las notificaciones otorgan un plazo perentorio de 72 horas para regularizar las obligaciones, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales conforme a la Ley Provincial N° 1071. El total reclamado asciende a $10.238.751.459,51, una cifra que expone la magnitud del desfinanciamiento.

Detalle de las deudas reclamadas

Según los expedientes analizados, los montos exigidos son los siguientes:

Gobierno Provincial: $5.990.106.691,31 (diciembre 2025).

Municipalidad de Río Grande: $3.084.586.047,94 (junio a diciembre 2025).

Municipalidad de Tolhuin: $202.270.366,12 (marzo a diciembre 2025).

Dirección Provincial de Vialidad: $651.039.876,72 (marzo 2023 a diciembre 2025).

Caja de Previsión – Sector Pasivos: $95.926.910,76 (noviembre y diciembre 2025).

Caja de Previsión – Sector Activos: $9.093.877,67 (diciembre 2025).

Concejo Deliberante de Tolhuin: $205.727.688,99 (marzo a diciembre 2025).

La cifra global supera los $10.200 millones, con el Ejecutivo provincial concentrando la mayor parte del pasivo.

Una reacción bajo presión judicial

Cabe remarcar que durante años estas deudas no habrían sido reclamadas de manera efectiva, pese a su impacto directo en la sostenibilidad financiera de la obra social. Ahora, bajo fuerte escrutinio público y judicial, la conducción de OSEF impulsa una serie de reclamos administrativos que aparecen como un intento de mostrar regularización en la gestión. Mientras se multiplican los reclamos formales entre organismos estatales, miles de afiliados continúan padeciendo restricciones en medicamentos, demoras en autorizaciones, cortes de prestaciones y falta de cobertura en estudios y tratamientos.

La crisis financiera de OSEF, profundizada por años de aportes impagos y falta de control, impacta directamente en trabajadores estatales, jubilados y sus familias, que ven deteriorarse la calidad y oportunidad de la atención médica.