Con el paso del tiempo y con la intervención echando luz en algunos expedientes, va quedando en claro el desaguisado  existente en la Administración de Puertos.

El expresidente de puertos Roberto Murcia  responde a la vicegobernadora Mónica Urquiza, por ende responsable política de la intervención portuaria, aunque ella niegue su cuota parte.

Murcia desembarcó en la presidencia intervenida a instancia del loteo de poder que hizo Melella durante su primera gestión. En ese entonces a Urquiza se le permitió un solo ente descentralizado y eligió el puerto. Así fue como el gobierno pagó sus favores políticos. En la actualidad la única aliada que le queda en pie al gobernador Melella es justamente Urquiza.

Ataviada por la situación y jaqueada por la realidad, la vicegobernadora Mónica Urquiza tuvo un rapto en el que confesó que los fondos que el puerto tenía destinado para las obras de mantenimiento se volaron. “la plata se voló” fue la repuesta que dejó flotando Urquiza ante la pregunta de un periodista de esta capital.

Pero más allá de sincericidio de Urquiza, hay otro tema que salió a luz y se trata de una auditoría por la cual el gobierno provincial pagó una cifra millonaria a la UBA cuyos informes nunca se publicaron y desaparecieron misteriosamente del expediente madre.

El contrato se originó para revisar la Ley 1149, aquella que habilitó a la provincia a tomar endeudamiento en dólares para financiar obras estratégicas, entre ellas la ampliación del muelle del puerto. La promesa fue infraestructura, desarrollo y modernización.

Los años pasaron y nos encontramos que hoy no hay muelle nuevo, pero sí deuda y muchas dudas. Lo que no suele mencionarse es que desde 2019 el Tribunal de Cuentas de la Provincia tenía ordenado, mediante la Resolución 192/19, fiscalizar el traspaso de gestión y controlar la ejecución de esos fondos. Ese control —según la documentación revisada— no evitó el descalabro que hoy se admite públicamente. “La plata se voló” dijo Urquiza.

La toma de una auditoria con un pago millonario de por medio, se asemeja a la decisión política de contratar estudios jurídico caros para defenderse de la intervención, al tiempo que ignora al Fiscal de estado quien debería haber actuado sin mayores costos para la provincia. En este caso se contrató la UBA por lo que hoy serían 2500 millones de peso en lugar de instruir al Tribunal de Cuesta para actuar conforme las leyes fueguinas. Una desidia que pinta de cuerpo y alma a este gobierno.

Pero lo más grave es que supuestamente la auditoría se realizó, pero nadie la vio. El trabajo de la UBA debería formar parte del expediente vinculado al Puerto y a la obra de la Ruta del Beagle, pero para sorpresa, el informe de la auditoria fue retirado misteriosamente del cuerpo principal del expediente administrativo, impidiendo el acceso público a su contenido.

Ni siquiera en el Tribunal de Cuentas tienen acceso al informe, la única certeza la dio la vicegobernadora “la plata se voló”. No hay responsables, no hay pronunciamiento.

Lo cierto es que los fondos del puerto de volaron y por la ruta costera (Beagle), el gobierno decidió pagar hace dos años atrás, más de 1500 millones de pesos en concepto de “indemnización” a la empresa constructora que había ganado la licitación.

Lo cierto es que los fueguinos se quedaron sin la ampliación de muelle y sin la ruta costera y con unos miles de millones menos en sus arcas. No hay fiscales que actúen de oficio, no hay Tribunal de Cuenta que decidido a investigar, solo hay desidia que se extiende como un gran manto y cubre seguramente una corrupción estructural que anida en todos los poderes.