El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Gobierno presentará un proyecto al Congreso para reformar el sistema electoral y eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Desde su creación, las PASO han funcionado como una encuesta millonaria al servicio solo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos”, explicó Adorni.

Según el vocero, las PASO en 2023 tuvieron un costo de 45.445 millones de pesos, una cifra que consideró desproporcionada frente a su efectividad limitada.

El proyecto busca evitar que los argentinos deban votar tres veces en un mismo ciclo electoral y pone de relieve que, desde 2011, solo 10 agrupaciones políticas dirimieron internas presidenciales, de las cuales el 40% no alcanzó el umbral mínimo del 1,5% para participar en las elecciones generales.

El Gobierno planteó una reforma de partidos políticos

El proyecto también incluye modificaciones a la ley orgánica de partidos políticos, con el objetivo de mejorar la representatividad y eliminar agrupaciones cuyo propósito principal sea recaudatorio.

“Se aumentará el requisito de afiliados al 0,5% del padrón electoral, frente al 0,4% actual. Además, los partidos deberán obtener al menos 3% de los votos en dos elecciones consecutivas para mantener su estatus, y las agrupaciones nacionales deberán tener presencia en al menos 10 distritos en lugar de los cinco exigidos actualmente”, detalló Adorni.

Estas medidas buscan establecer mayores exigencias para los partidos minoritarios, en particular aquellos que suelen obtener resultados en el rango del 2%, evitando el uso del sistema para fines ajenos a la representación democrática.

Otra de las reformas abordará el sistema de financiamiento de los partidos políticos, aunque los detalles aún no se han revelado. Se anticipa que las modificaciones estarán orientadas a garantizar mayor transparencia y equidad en la distribución de recursos.

El contexto de la decisión del Gobierno

El anuncio se produce tras otra decisión controversial del Ejecutivo: la eliminación de la jubilación de privilegio de Cristina Fernández de Kirchner, basada en la ratificación de su condena en la causa Vialidad.