Este miércoles por la mañana la Cámara Federal de Casación Penal resolvió hoy la situación de los 13 acusados en el caso de la obra pública en Santa Cruz. Cuatro de ellos resultaron absueltos mientras que los nueve restantes tuvieron una ratificación de su condena. La lista va desde la expresidenta Cristina Kirchner a funcionarios de Santa Cruz.

La principal acusación apuntaba contra Cristina Kirchner; el empresario Lázaro Báez; José López, ex secretario de Obras Públicas; Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; Nelson Periotti, ex titular de Dirección Nacional de Vialidad; y Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner y ex secretario de Coordinación de Planificación.

También estaban acusados Juan Carlos Villafañe, José Raúl Santibáñez, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, Raúl Daruich y Héctor Garro, ex funcionarios de la Agencia General de Vialidad Provincial de Santa Cruz.

Cuál fue la resolución de la Sala IV de Casación Penal en la Causa Vialidad

Cristina Fernández de Kirchner: seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

José Francisco López, seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Lázaro Antonio Báez: seis años de prisión.

Nelson Guillermo Periotti, seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Juan Carlos Villafañe, cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Mauricio Collareda: cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Raúl Gilberto Pavesi, cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Raúl Osvaldo Daruich: tres años y seis meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

José Raúl Santibáñez, cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Las absoluciones de De Vido, Fatala, Garro y Carlos Kirchner también fueron confirmadas. El Tribunal indicó que los condenados deberán hacerse cargo de las costas del proceso, por considerarlos “partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y dispuso “el decomiso de los efectos del delito”, cuyo monto actualizado llega a los $84.835.227.378.