Río Grande.- El arquitecto “Lolo” Cárdenas, presidente del IPV, dialogó con el programa Dos Preguntan, de Radio Universidad 93.5, sobre la situación del área a su cargo y las metas fijadas en su gestión.

Ante todo expresó que “como provincia joven nos debemos una discusión que no es menor. Todos somos conscientes de la manera en que ha crecido la provincia y lo poco que hemos logrado para tenerla ordenada y tener una previsión por el dinamismo que tiene. Estamos muy cercanos a los 200 mil habitantes, con dos ciudades protagonistas y una falta de directriz para lograr un crecimiento ordenado, que nos permita optimizar los recursos”, dijo, por lo cual la planificación será un eje importante.

Mencionó una diversidad de obras que encara el Instituto, “desde hacer una planta potabilizadora en Ushuaia, a la pavimentación de Chacra XIII en Río Grande”, y una ejecución de viviendas “a razón de 250/300 por año en los últimos tres o cuatro años”.

Además el IPV participa de infraestructura de servicios “porque no solamente ejecuta obras que se ve. Son montos muy onerosos, se estima que al Instituto le demanda siete u ocho millones por manzana para generar suelo urbano, y estas cosas se deben poner sobre el tablero, para destacar lo que se viene haciendo, aunque seguramente nos falta mucho como provincia”, subrayó.

Hizo un reconocimiento al equipo técnico de profesionales de planta, “que no tienen banderías políticas y llevan adelante muy bien su trabajo”.

Mayor seguridad

Se lo consultó sobre los edificios del IPV que no cuentan con todas las medidas de seguridad, como las escalaras de incendio, y fueron construidos en gestiones anteriores cuando regía otro código. Este tema será trabajado con las municipalidades, informó.

Con autocrítica aunque no le compete por haber asumido hace pocas semanas, concedió que “es verdad que en todos los edificios que se han ejecutado nos ha faltado tener mayor presencia para que todos se conformen tal cual lo establece la ley de propiedad horizontal, que tengan su propio consorcio y mantenimiento. Vamos a tener un trabajo fuerte a los efectos de contener la situación, y no nos vamos a hacer los distraídos. Tenemos la responsabilidad de ir regularizándolos y acompañar los consorcios para que se formalicen como tales”.

Observó que “a veces las normas cambian y tienen nuevas exigencias. Esto ocurrió con las normas sísmicas, que son mucho más estrictas ahora, y hay edificaciones con normas anteriores que hoy no cumplen con las exigencias. En su momento fueron aprobadas con determinadas exigencias. No es que se construyeron sin considerar medidas de seguridad. Pero no significa que no nos vamos a hacer responsables. Todo lo contrario. En esta primera instancia estamos interviniendo con la Municipalidad de Ushuaia, porque hay sectores de escaleras de emergencia que están siendo mal ocupados, por chulengos, bicicletas, guardas de departamentos. Trabajamos para garantizar la seguridad de las personas y necesitamos hacer un relevamiento en los diferentes edificios”, dijo de la labor emprendida.

Valoró la “muy buena disposición de la intendencia de Ushuaia y también de Río Grande para realizar un trabajo conjunto” y dio a conocer la firma de “un convenio de colaboración con Ushuaia” para avanzar en este tema particular.

“Tuvimos una reunión hace 15 días con el intendente Melella con el mismo espíritu. Los municipios cuentan con inspectores municipales que nos pueden dar una mano, para avanzar en la seguridad de las personas”, sostuvo.

La mayor demanda

Con una fuerte presencia de viviendas del IPV en la provincia, Cárdenas aspira a redoblar la capacidad de respuesta.

De las 22 mil viviendas en Ushuaia, estimó que un 25% fueron construidas por el Instituto, que “ha tenido una participación en ejecución de ciudades muy importante. Estamos entre un 20 y un 30 por ciento en toda la provincia, con herramientas complementarias, como créditos de construcción que ha financiado el organismo”, dijo.

Admitió la incertidumbre coyuntural por el cambio de gobierno nacional y la modificación de los programas, y dio a conocer “dos reuniones con responsables políticos del estado nacional, que han expresado la voluntad de continuar acompañando a las provincias. Van a hacer una fuerte inversión en vivienda y estiman en tres millones y medio el déficit habitacional de todo el país”.

“Tienen la expectativa de llegar al millón y medio de viviendas en estos cuatro años, yo la veo alta pero daría la sensación de que por lo menos deberían generarse nuevas herramientas financiaras para las provincias”, confió, con buenas perspectivas.

Puntualizó que “Tierra del Fuego junto con Neuquén son las provincias que mayor impacto tienen en este sentido. Ha sido motivo de charla en la última reunión de los institutos provinciales de vivienda y, mas allá de esta falta de previsibilidad en cuanto a la continuidad de los programas federales de los últimos tiempos, tengo expectativa de que los niveles de inversión deberían continuar”.

Con una demanda cercana a los 8.500 inscriptos en los listados de Ushuaia y más de nueve mil en Río Grande, las dos ciudades más grandes son las que requieren respuestas. “Tolhuin tuvo una política del intendente de acompañar y han ido otorgando terrenos a medida que se van solicitando, por eso la mayor demanda está en las dos ciudades más grandes”, explicó.

Además, tuvo en cuenta que “el costo de creación de suelo urbano en Ushuaia es entre dos veces y media a tres, mayor que en Río Grande. Por cada cien mil pesos para financiar suelo urbano de Río Grande, serían 250 mil o 300 mil para Ushuaia, porque requiere acondicionar el suelo. Hay roca y mantos vegetales de tres o cuatro metros de profundidad, como la turba. Acondicionar suelo tiene un monto muy importante y en la media del país no llega al 2 ó 4 por ciento, mientras que en Ushuaia significa el 20%”, indicó del porcentaje del presupuesto total.

Se analiza paralelamente desarrollar Almanza, San Sebastián, e iniciar la discusión para complementar la oferta con otros sectores, apostando “al desarrollo con una mirada a 50 años, con el crecimiento que nos viene pasando en los últimos tiempos”, señaló.

Con respecto al costo de construcción, se basó en datos de las 150 viviendas construidas por convenio con la UOM, donde “estimaban que rondaba los 15 mil pesos el metro cuadrado de construcción, llave en mano, con sistema de autoconstrucción, que a veces es más óptimo porque la misma familia está gerenciando la ejecución de la obra y logra un monto más acorde que una empresa”.

Respecto de la factibilidad del tendido de redes de gas y electricidad, dijo que “en Ushuaia se viene haciendo un avance a la par, cuando uno va haciendo las aperturas de calles, porque existe la factibilidad de servicio de los mismos entes. Desconozco en Río Grande pero no debería ser tan diferente”, observó, como asignatura pendiente para relevar datos con Camuzzi y la Cooperativa Eléctrica.

“Cada vez que uno va a hacer una urbanización en un sector determinado, antes necesita un certificado de factibilidad de servicio”, recordó.

Una vara alta

Con una próxima entrega de 150 viviendas en Ushuaia, otra similar que se concretó el 28 de diciembre en Río Grande, y una tercera proyectada para octubre en ambas ciudades, la meta de Cárdenas es superar el doble de las respuestas que se han venido dando.

“Hay un mandato de la gobernadora que es cuidar las fuentes laborales de la provincia, y esto tiene una mirada de fortalecimiento del mercado interno”, sostuvo sobre la reactivación de la construcción.

En materia de fondos, “desde el IPV no somos actores directos, porque está trabajando el Ministro de Economía para generar nuevas herramientas financieras para la ejecución de viviendas”, dijo.

Valoró la presentación en Buenos Aires por haber visto que “hay una decisión de Nación y es el mensaje que ha transmitido la Secretaría de Vivienda: que es intención avanzar en el financiamiento de las dos terceras partes de todas las viviendas que requiera la provincia, que debería participar con la tercera parte restante. Como provincia y por mandato de la gobernadora, se trabaja para lograr nuevas líneas de financiamiento, hoy se trabaja en un fideicomiso y el Ministerio de Economía está abocado a lograr una nueva herramienta que nos permita nutrirnos de recursos para responder a la demanda habitacional”.

“La provincia debe empezar a asumir lo que debemos asumir. El sistema previsional y asistencial y otros temas de la realidad provincial nos han sacado de la agenda, pero es importante volver a tener en agenda un plan territorial y las herramientas de financiación para acompañar el crecimiento”, instó.

Y explicitó que “deberíamos generar no menos de 700 viviendas anuales en Tierra del Fuego. No quiero aventurarme, porque hace 45 días que estamos, pero hay un actor fundamental y es cómo va a participar la Nación y cómo se van a ir materializando las herramientas financieras para lograr estos objetivos”.

“Tenemos altos valores de alquileres, tal vez los más importantes del país, y esto da una pauta de la presión y la tensión que existe en la sociedad demandante de una vivienda y la responsabilidad del estado para que estos indicadores empiecen a bajar. Esto se revierte haciendo más viviendas, generando más suelo urbano y teniendo nuevas herramientas financieras para que las familias puedan construir su propia vivienda. Debe ser más sencillo ir a pedir un crédito para vivienda que un crédito para un auto”, concluyó a modo de reflexión y objetivo a alcanzar.

Fuente: Diario Provincia 23.