Ushuaia.- A los fines de la construcción de la nueva sede del Superior Tribunal de Justicia, el Poder Ejecutivo de la provincia de Tierra del Fuego suscribió este martes 2 de febrero un convenio con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) para la asistencia financiera de 92 millones de pesos para su concreción.

El acto se llevó a cabo en el Salón Malvinas Argentinas de la Casa de Gobierno con la presencia de la Gobernadora Rosana Bertone, el Vicegobernador y Presidente de la Legislatura provincial, Juan Carlos Arcando; el Presidente del FFFIR, José Estabillo y la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Doctora María del Carmen Battaini.

Antes de proceder a la firma del documento Estabillo consideró que “el edificio del Superior Tribunal de Justicia es una obra importante y necesaria que institucionalmente consolida la relación de los poderes del Estado”.

“Estoy muy contento y satisfecho. Como fueguino me siento muy a gusto de haber venido hasta aquí y de haber hecho un aporte en mi modesto labor, soy un instrumento de las provincias que evalúa proyectos y acompaña a las infraestructuras necesarias”, señaló. 

Por su parte la Gobernadora Bertone destacó la importancia que tendrá el nuevo edificio “para que los ciudadanos que tienen que tienen que acceder a justicia, puedan hacerlo de una manera más ordenada”.

“La Doctora Battaini ha trabajado estos años facilitando el acceso a justicia con distintos mecanismos, entonces me parecía que era un planteo muy valido tener su casa propia en un lugar céntrico donde el ciudadano pueda acercarse con más facilidad.  Era una obra que nos permitirá poder prestar un mejor acceso a justicia y  ayudará también al sector de la construcción,  por la magnitud de la obra”.

A su turno la Presidenta del Superior Tribunal explicó que “este edificio se ha proyectado luego de hacer un relevamiento de las necesidades de cada una de las dependencias trabajan en el Superior, y pensando fundamentalmente en la atención hacia afuera, de brindar un acceso a justicia más eficiente y eficaz donde la gente pueda recurrir y conseguir la respuesta u orientación que necesite para su caso”.

El proyecto del edificio propio del Superior Tribunal contempla albergar al Superior Tribunal de Justicia, cuatro secretarías, un cuerpo de relatores, administración, biblioteca y sala de audiencias.

Además prevé dependencias como Dirección de Ceremonial, Comunicación Institucional y  Archivos, así como el estacionamiento para Magistrados y funcionarios.

También se proyectó un edificio complementario en el mismo predio cuyo fin es albergar los Ministerios Públicos ante el Superior Tribunal de Justicia.

En cuanto a su distribución está pensado hacerlo en Subsuelo, Planta Baja y tres pisos altos con un total aproximado de 4073 m2.

Según el planteo arquitectónico “se pensó en un edifico atemporal, con fuerte presencia de alguno de los materiales predominantes en la zona, todo ello considerando que la prioridad está dado en brindar el máximo confort con el menor costo posible”.

La Dirección de Infraestructura del Poder Judicial que tuvo a cargo el proyecto evalúo que una vez concretado la construcción total del edificio podrá albergar sin inconvenientes un 60 % más de carga de personas que en la actualidad.

La construcción del edificio propio se comenzó a estudiar en el año 2007, cuando  se confeccionó el Programa de Necesidades completándose el primer anteproyecto en el año 2008; desde ese momento se le fueron introduciendo sucesivas ampliaciones y modificaciones producto de las necesidades que surgieron.

Al mes de agosto del año 2013, fecha de la última valorización, el precio final de la obra fue estimado  en noventa millones de pesos, monto que incluye la construcción y el equipamiento.

Con el financiamiento conseguido, la construcción en  terrenos ya adquiridos sobre la calle Leopoldo Lugones entre Pluschow y Alferez Sobral se hará en una sola etapa y se estima el plazo de obra en treinta meses.

En la actualidad instancias ordinarias del Poder Judicial en Ushuaia tienen sede en el edificio de Congreso Nacional 502; en tanto el Superior Tribunal de Justicia y otras dependencias como el Juzgado Electoral y el Registro de Propiedad Inmueble funcionan en edificios alquilados.

En la mayoría de los casos presentan dificultades de funcionamiento tanto para el personal que presta servicios en esas dependencias como para la atención al público, toda vez que esas construcciones no fueron previstas para la tarea judicial.