Río Grande.- El defensor de los camioneros sometidos a juicio adhirió al pedido de nulidad presentado por la defensa de los docentes, considerando que no debió proseguir tras la prueba presentada por el ex funcionario Diego Boxer.

Por Radio Universidad, dio cuenta de la bisagra que marcó su testimonio, porque “le dio el contexto político y verosimilitud a lo que venían denunciando los trabajadores desde un primer momento, en cuanto a que el juicio estaba destinado pura y exclusivamente a condenarlos”.

“Lo que se llama la toma de la Casa de Gobierno y los incidentes no habían sido de la gravedad que se pretendía presentar, y además dio verosimilitud a los que decían que los estaban esperando, que los dejaron avanzar hasta las puertas de la Casa de Gobierno, donde estaban los grupos antimotines. Ellos venían denunciando que el poder político de Tierra del Fuego estaba interesado en que este juicio salga en contra de los trabajadores y era lo que nosotros sospechábamos como profesionales, porque todo el mundo venía y decía exactamente lo mismo. Todo el mundo tenía un libreto armado. En la última jornada de juicio pudimos descubrir que era cierto que estaba armado”, manifestó, con total convicción.

“Lo que se descubrió es una inadmisible intromisión del poder político en uno de los poderes del estado, en un juicio que estaba en marcha, con la clara intención de buscar la condena de los trabajadores”, sostuvo.

La cadena de Giadás

El ex funcionario Diego Boxer fue quien reveló una cadena de mails con instrucciones. “Este funcionario dijo que no tenía contacto desde hacía más de dos años porque nunca más lo llamaron desde el momento en que se fue, y que con motivo de este juicio recibió un mail con una serie de antecedentes para refrescarle la memoria y que, previo a la audiencia, fue citado a Casa de Gobierno. Dijo que le pareció extraño, porque lo invitaron a tomar un café e inclusive lo llevaron en un patrullero hasta las mismas puertas del juzgado. Él lo vio como algo normal, incluso tenía su declaración impresa y una serie de antecedentes que llevó ahí y pensó que se podía hacer, porque es un testigo y una persona que nunca declaró en un juicio, que no sabe cómo es el mecanismo. Lo contó con toda naturalidad, sin mala fe, y cuando lo empezamos a interrogar parece que se dio cuenta de que lo que le habían hecho no podía hacerse”.

Boxer en su declaración dijo “que los mail los tenía en la computadora y, si querían, los mostraba para que viéramos que estaba diciendo la verdad. El fiscal, rápido de reflejos, una vez que terminó la declaración pidió ver su casilla de correos. No solamente tenía uno, había dos o tres más que ni siquiera había abierto, del mismo remitente. Cuando los abren, se puede descubrir la cadena en esos mails, es decir a quiénes más se los habían mandado. Y se descubre que era a otros altos funcionarios. También había archivos de audio con lo que habían dicho los testigos anteriores para que más o menos digan cosas parecidas. Inclusive en ese mail había una reunión pactada, previo a las audiencias, para hablar del tema, remitido por el jefe de gabinete. Y hablar del tema era nada más ni nada menos que hablar del juicio previo a ir a declarar”, subrayó.

El Dr. Giménez mencionó a “Araque y otro funcionario de menor rango, de apellido Giadás, como responsables de todo esto. El fiscal instruyó una causa y está investigando”.

“Tengo entendido que enviaron los mails desde una oficina pública y de la casilla particular en el caso de Giadás. Claramente al citarlos a reunión está orquestado desde los altos poderes públicos del estado”, reiteró, y consideró que “la gravedad está dada desde el momento en que envían los mails con todos los antecedentes a los funcionarios. Acá demuestran que desde sectores del gobierno están interesados en que el juicio salga de una determinada manera, y condenando algunos referentes gremiales”.

Policías, con mismo método

Se le preguntó si pasó lo mismo con los policías que dieron testimonio, y respondió que “todos los policías declararon absolutamente lo mismo, y fue lo mismo que declararon en mayo de 2013. Parecía un verso aprendido. No pudimos probar que con los policías haya pasado lo mismo, pero tenemos las mismas sospechas de que, si lo hicieron altos funcionarios, los policías también estaban preparados para declarar de una determinada manera”.

“Lo sospechamos, sabemos que fue así, no lo podemos probar, pero los policías también estaban preparados y por eso este juicio es totalmente inválido y no debiera seguir adelante, desde el momento que se demuestra que el propio estado está conspirando en un proceso judicial para condenar a ciudadanos que además son sus empleados, porque por lo menos es empleador de los trabajadores del sector docente”, remarcó el letrado.

Se mostró “seguro de que fue todo orquestado para que todos fueran a declarar lo mismo. Lo pudimos probar en funcionarios políticos del Ejecutivo pero no pudimos probar que también fueron adiestrados los policías para declarar de una determinada manera”, lamentó.

Sentencia el miércoles

Son 34 los sometidos a juicio y se están juzgando 33 porque “hay un afiliado a camioneros que está prófugo. No sabemos dónde está y no se presentó a juicio”, aclaró Giménez, que espera la sentencia para este miércoles. “Ya estaría la sentencia si no se demora mucho con las últimas palabras, que es el derecho que todo imputado tiene antes de conocer su sentencia. Estimamos que el miércoles vamos a conocer la suerte de cada uno de ellos. Estamos tranquilos, esperando y confiando en que pueda resultar todo bien y podamos lograr las absoluciones”, dijo.

Con respecto al pedido de la fiscalía, dijo que “en su mayoría hacen pedidos de penas excarcelables, de cumplimiento en suspenso. Sólo corren riesgo de ir presos dos de ellos, uno porque tiene antecedentes de una pena de un año y seis meses de prisión. En el otro caso el fiscal pidió una pena de cuatro años, cuando podría haber pedido tres, que no es excarcelable. En lo que respecta al gremio docente, cualquiera fuera la condena, los excluye directamente del sistema”, alertó, con lo cual perderían su trabajo.

Probation denegada

Respecto del rechazo de la probation por parte de la jueza Felicitas Maiztegui Marcó, en todos los casos incluidos los que tenían la venia del fiscal, dijo que fue “por pura arbitrariedad” y, luego de concluido este juicio, se promoverá un jury contra la magistrada.

“No había ninguna causal objetiva que ameritara la exclusión o el rechazo de la probation. Estaban siendo juzgados por atentado y resistencia a la autoridad, que tiene una pena de 15 días a un año de prisión y es un delito absolutamente menor; a otros los juzgan por lesiones leves y a otros por lesiones graves, pero el código permite la probation. Se la dieron a homicidas al volante y tranquilamente se las podrían haber dado a estas personas”, expresó.

“En términos cuantitativos y cualitativos, son delitos absolutamente menores. Les han dado probation a homicidas al volante, estafadores, pero la jueza, utilizó argumentos absolutamente carentes de sentido, poniendo adelante su opinión personal, sus creencias, sus prejuicios, y seguro ameritará que una vez pasado esto estaremos presentando un pedido de enjuiciamiento en su contra. Creemos que su actitud es rayana con lo delictivo y estoy repitiendo palabras parecidas a las que dijo el Dr. Ariznabarreta”, dijo, recordando la postura que tomó el defensor oficial.

“Analizaremos después de pasado esto cuál va a ser la actitud, ya como ciudadanos, que van a tomar los imputados contra la jueza”, reiteró.

Juicio imposible

Ratificó que este juicio debió ser declarado nulo porque los testimonios orquestados, si se investiga la prueba, pueden terminar en condena para los funcionarios responsables; pero mientras tanto habrá trabajadores condenados por esas declaraciones armadas.

“Si dentro de dos o tres años se descubre que realmente hubo una maniobra concertada y hay funcionarios condenados por inmiscuirse en este tema, por el otro lado tendremos trabajadores condenados en base al testimonio de estos funcionarios. Estaríamos frente a un contrasentido. Los abogados del SUTEF pidieron la nulidad del juicio y nosotros adherimos, porque esto de ninguna manera podría haber continuado adelante”, subrayó.

Para Giménez, si la gobernadora Ríos es parte o no de esta maniobra, no importa porque “ya es absolutamente irrelevante, teniendo a su jefe de gabinete al frente de esto”.

Elecciones y cambios

Por otra parte, efectuó algunas consideraciones sobre el cambio del mapa político nacional y provincial.

“Creo que vienen nuevos aires en la provincia. Uno está esperanzado en el gobierno de la senadora Bertone y en que va a ser distinto al de Fabiana Ríos. Son obviamente capacidades dirigenciales y ejecutivas absolutamente distintas. Nosotros trabajamos modestamente para que Rosana Bertone pueda ser gobernadora y uno hoy tiene la responsabilidad de ser oficialista y salir a poyar este gobierno”, dijo.

“Estoy absolutamente convencido de que va a ser distinto, por las capacidades, por los nombres del gabinete que trascendieron, si bien no hay nada oficial. A nivel nacional también son épocas distintas. No es lo mismo el 2003 que el 2015, y uno quiere que también le vaya bien, por el bien de todos. Estamos esperanzados en que tanto la gobernadora y el nuevo presidente Macri puedan tener la serenidad y el espíritu para hacer lo mejor para todos nosotros. Hace un tiempo largo que dejé de ser opositor a todo el mundo. Uno tiene ganas de apoyar y desear que las cosas vayan bien, y creo que en la provincia nos va a ir bien. Hay que sincerar un montón de variables y esperemos que esto sea así”, deseó.

Renuncia de Ibarra

Se le preguntó además por la renuncia del Dr. Ibarra como Procurador Penitenciario, a poco de asumir y luego del veto de Fabiana Ríos al presupuesto del organismo.

“Nos resulta muy difícil a los que trabajamos en la actividad privada y nos va medianamente bien, insertarnos en la función pública. Uno viene con una determinada dinámica, una forma de actuar. El Dr. Ibarra es una persona respetadísima, es un querido amigo en lo personal. Uno sabía la esperanza que tenía, las ganas, el empuje, y creo que nunca trabajó tanto como ese mes que estuvo. Pero uno choca a veces con la administración pública y le cuesta comprender. Ante eso lo mejor es dar un paso al costado y que busquen nueva gente que trate de adaptarse a esa dinámica. Es una lástima, porque es una pérdida para la provincia, para la Procuración, que va a ser difícil de reemplazar. Lo que él hizo en veinte o treinta días, poniendo al desnudo lo que era la situación carcelaria, no se había hecho nunca. Uno estaba convencido de que el Dr. Ibarra iba a hacer un acto de servicio, porque en términos económicos iba a perder plata. Si encima no tenía presupuesto y no iba a cobrar el sueldo, se hace muy difícil. Uno sigue teniendo una familia que mantener y las cuentas se siguen acumulando”, observó.

No cree que sea posible agilizar soluciones para este tema en particular porque “hoy las prioridades pasan por otro lado en la provincia, por la crisis del sistema jubilatorio, de la educación, de salud y amerita otras urgencias y otras prioridades para el presupuesto”, opinó, y dijo que “es una provincia que lleva no ocho, sino doce años perdidos”.

Críticas a Melella

Finalmente el abogado agregó críticas a la gestión de Gustavo Melella en Río Grande. “Llevamos cuatro años perdidos y yo como vecino llego a extrañar al ingeniero Jorge Martín”, aseveró, en función de “lo que está pasando en la ciudad”.

Valoró “el orden que tenía Martín en las cuentas públicas”, y que “tenía claro que no podía nombrar más gente en la administración política de la que fuera necesaria. Había algún puntero o ñoqui dando vueltas por ahí, pero no era la regla general”, dijo, marcando un contraste con Melella.

“Hoy en la Margen Sur lo único que se hizo fue una rotonda. Hay un capitalismo de amigos. Uno va a la Margen Sur y la gente está viviendo en las peores condiciones. Llega otro invierno más y no hay obras de infraestructura para aliviar la situación de esos vecinos”, cuestionó.

“Tampoco se hicieron nuevas escuelas, no hay agua corriente. Esta es la situación que uno ve. Acá creen que se soluciona todo con asfalto y no es así. Hay una dejadez absoluta, hay anarquía, desprolijidad. Administrar una ciudad no es administrar una parroquia. El dinero se usa para poner un tobogán, un sube y baja, o para seguir nombrando empleados en la administración pública”, disparó.

“Uno llega a extrañar hasta a Colazo, ni hablar de Martín. Esperemos que en la administración de la provincia esta vez tengamos un buen gobierno y empecemos a pensar en una provincia de acá a veinte años”, concluyó.