Río Grande.- Los gobernadores del PJ se preparan para una batalla judicial y política con una meta estratégica; recuperar fondos millonarios de recursos de coparticipación cedidos a la administración central hace más de 20 años, y así ganar autonomía frente al nuevo ocupante de la Casa Rosada, Mauricio Macri.

La ventana para ese planteo se abrió el martes con un fallo de la Corte Suprema, luego de la resolución acotada a Córdoba, Santa Fe y San Luis, y que declara inconstitucional una ley que les descontaba a todas las provincias el 15% de la masa de impuestos coparticipables para financiar las prestaciones de seguridad social. Si bien esa medida se aplica a las tres jurisdicciones que hicieron reclamos, otras quieren conseguir el mismo beneficio.

En estos días Misiones, Mendoza, Entre Ríos, San Juan, Salta, Tierra del Fuego, Catamarca, Chubut, La Pampa y Chaco evalúan cursos de acción y presentaciones similares, que hará cada una por su cuenta.

Lo cierto es que, más allá del derrotero judicial, de hecho, la Corte demoró ocho años en dar su veredicto, a partir del fallo la medida sitúa al peronismo opositor en una mejor posición y abre la expectativa de que Macri se siente a negociar un nuevo esquema de coparticipación federal.

Fallo de la Corte abre la puerta a reclamos por coparticipación retenida

La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que declara inconstitucional la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado nacional, sin el acuerdo de las provincias, para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

La sentencia, que beneficia a las provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba, contó con el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda. Además suspende de manera inmediata los descuentos que el Estado efectúa a la provincia de Córdoba sobre fondos de la coparticipación federal de impuestos.

La decisión del máximo tribunal exige al gobierno nacional y al Congreso que concreten la reforma pendiente del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos dispuesta con la sanción de la Constitución Nacional de 1994. La coparticipación es un mecanismo de distribución de los recursos fiscales entre las administraciones nacional, provincial y municipal para garantizar una provisión de bienes y servicios públicos equitativa en todo el territorio.

La detracción de este 15% de la coparticipación integra un fondo que se retira antes de distribuirla entre las provincias y la Nación. Desde 1992 se dispuso financiar con este dinero a la ANSeS, antes de que se constituyeran las AFJP, en un período en el que había un déficit grande de la seguridad social en la Argentina. De esa forma el organismo previsional pudo equilibrar su balance con aportes por encima de la contribución de los trabajadores.

Ariel Barraud, economista del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), estimó en más de $80.000 millones el monto de la devolución dispuesta por la Corte, si se contabilizan unos $19.800 millones en términos históricos correspondientes a Córdoba y un monto similar para Santa Fe, que tienen coeficientes de coparticipación casi idénticos. Con la actualización, la cifra podría ascender a unos $35.000 millones para cada distrito, más otros $10.000 millones para San Luis.

“Son valores muy elevados pero no descabellados, dados los desequilibrios del sistema de coparticipación que se han venido acumulando en 20 años. Es un desafío para ambos gobiernos, nacional y provincial, negociar cómo se va a hacer tal devolución”, explicó Barraud.

Recordó que el stock de deuda acumulado por Córdoba con la Nación es de $6.745 millones, una cifra que dista de compensar la deuda nacional con la provincia.

“Es llamativo ahora que surja ahora este tema. Con la coparticipación venimos con un incumplimiento con el precepto constitucional de reformularla desde 1996. Es raro el timing, como una piedra en el zapato que va a ser difícil de negociar para el próximo presidente”, comentó Barraud.

El fallo de la Corte obliga al Estado nacional a “cesar en forma inmediata de detraer esos fondos bajo apercibimiento de ordenar al presidente del Banco Nación que cumpla con la orden en el plazo de diez días” y “devolver a las provincias la suma retenida indebidamente desde el 1 de enero de 2006 más los intereses que correspondan”.

El máximo tribunal fijó un plazo de 120 días para hacer efectiva la sentencia, con acuerdo entre las partes sobre forma y plazo para el reintegro.

Un estudio de IARAF con datos al cierre de 2014 determinó que mientras que cada ciudadano de la provincia de Tierra del Fuego recibió durante 2014 $25.174, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le ingresaron $1.895 per cápita. El año pasado Córdoba recibió $7.632 por habitante; Santa Fe, $8.048 y San Luis $13.824, mientras que el promedio nacional fue de 12.014 pesos.

El conflicto

Cabe recordar que el conflicto tiene su origen en 1992, momento en el que el ex presidente Carlos Menem decidió la privatización del sistema previsional y se acordó el descuento del 15% a las provincias, que con el tiempo tuvo sucesivas prórrogas. Como contrapartida, esos fondos se destinarían a financiar el déficit de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), mientras las jurisdicciones transferían al gobierno central las cajas jubilatorias.

Hasta 1997, 11 de los 24 distritos realizaron la transferencia, ya con Néstor Kirchner en el poder, en 2006, venció un pacto que sostenía la deducción del 15% de coparticipación y el ex presidente impulsó la ley 26.078, no refrendada por algunas provincias en sus Legislaturas, y ahora declarada inconstitucional, en su artículo 76.

Como la seguridad social volvió a manos del Estado en 2008, surgió la discusión sobre si ese aporte debía seguir o no. La ANSES solventa prestaciones clave, como jubilaciones, pensiones y asignaciones, entre otros programas, y una poda en sus ingresos, de mínima, podría hacerle perder su condición de ente superavitario.

Tierra del Fuego, al igual que el resto de las provincias argentinas, contribuye, desde 1992, con el 15% de sus recursos coparticipables para solventar el déficit que tenía el sistema previsional.