Ushuaia.- El ministerio Público Fiscal había propuesto la Omisión del Debate (conforme lo que señala el art. 324 del CPP), al estimar innecesario el desarrollo del plenario oral. Sin embargo, esta postura solo tuvo aceptación parcial entre las partes, por lo que el Tribunal decidió continuar con el trámite y celebrar el juicio.

Ayer, antes de iniciar el juicio hubo una presentación del doctor Alberto Bovino, abogado defensor del imputado Félix Victorio Donamaría, en la que manifestó su aceptación a la no realización del juicio oral.

Por ello, el Tribunal realizó en la sala “Conrado Witthaus” la audiencia de ratificación de aceptación de Omisión de Debate para obtener la conformidad de las partes intervinientes.

Cabe aclarar que está previsto en el artículo 324 del Código Procesal Penal, que cuando el Ministerio Público Fiscal estime suficiente la imposición de una pena no mayor a tres (3) años de privación de libertad, de multa o de inhabilitación, aun en forma conjunta; podrá manifestar tal apreciación y proponer omitir el debate.

Mientras que, el delito de Peculado -previsto y reprimido por el art. 261 del Código Penal- establece una pena de reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, al funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Y agrega que será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.

En la audiencia de ratificación, el doctor Bovino planteó que su aceptación a la Omisión de Debate estaba supeditada a la posible unificación de penas y solicitó que ésta no supere los 6 años de prisión. El Tribunal se lo denegó debido a que en las causas acumuladas de su defendido –Félix Donamaría- hay una sola con sentencia firme, otra en casación a resolver por el Superior Tribunal de Justicia y en la presente aún no hay sentencia.

Por otra parte, el Tribunal concedió a las partes la posibilidad que estas presenten sus alegatos por escrito.

Respecto de los plazos para la resolución de esta causa, el Tribunal indicó que en virtud de la ausencia de una de las partes defensora –por encontrarse fuera de la provincia- se remitirá un exhorto para que manifieste su voluntad, y luego de ello los jueces dictarán una resolución para dar cuenta de la aceptación de la Omisión del Debate, de todas las partes, para luego dar paso a la deliberación y consecuente dictado de la sentencia.

La causa "Donamaría, Félix Victorio y otros s/peculado, con sus acumuladas, forma parte del último grupo de causas en las que se investigara la presunta sustracción de fondos públicos que habría tenido lugar durante el ejercicio 2003. La audiencia que debía iniciarse este lunes corresponde a un desprendimiento de la causa principal Nº 16.467, que tramitara por ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Ushuaia.

El delito por el cual se ha formulado acusación es el de "Peculado", previsto y reprimido por el art. 261 del Código Penal.

Se encuentran imputados en calidad de autores, el ex Secretario de Hacienda y ex Contador General de la Provincia, José Roberto Merlino; y el ex Subcontador General a cargo de la Contaduría General de la Provincia, Félix Victorio Donamaría.

Y, en calidad de partícipes primarios, quienes habrían actuado como proveedores del Estado: Dardo Jorge Montané; Víctor Hugo Ponce; Claudia Virginia Pérez, Norma Fabiana Ponte; Pablo Daniel Godoy, Jorge Adrián Herrera, Sara Esther Beban, José Sehara Chiazzaro, Daniel Martínez Ullan y Vanesa Mariel Giles.

Al momento de iniciar este juicio, los ex funcionarios públicos Merlino y Donamaría se encuentran detenidos por registrar condenas anteriores a pena de prisión efectiva, sentencias éstas que ya fueron confirmadas por el Superior Tribunal de Justicia.

Para este juicio, el Tribunal estaba conformado por los doctores Alejandro Pagano Zavalia, Maximiliano García Arpón y Guillermo González; con la representación del Ministerio Público Fiscal del doctor Guillermo Massimi y la defensa ejercida por el doctor Alberto Bovino a cargo de la defensa técnica de Donamaría; el Defensor ante el Superior Tribunal de Justicia, Gustavo Ariznabarreta; por José Roberto Merlino, el doctor Juan Carlos Assan de la Defensoría Pública; con los imputados Ponce, Sehara Chiazzaro, Montané y Martínez Ullan, el Defensor Público, doctor Juan Carlos Núñez junto a Sara Beban; el doctor Raúl Paderne defendiendo los intereses de Norma Ponte y Pablo Godoy; el doctor Dante Pellegrino con los imputados Giles y Herrera, y el doctor Horacio Vallejos con la imputada Claudia Pérez.