Cuando el gobierno de Carlos Manfredotti estaba en retirada y caminaba por  el periodo de transición, ya que había perdido las elecciones en mano del colasismo, un verdadero festival de corrupción se desató dentro del Ministerio de Economía en convivencia con un puñado de “empresarios” del medio.

La maniobra investiga unas veintiséis causas penales distintas, sin embargo las mismas podrían unificarse al momento del juicio oral y público que arranca en el día de hoy y que verá desfilar a varios testigos.

El caso denominado “Contabilidad paralela” es emblemático y se desató durante los últimos 6 meses de la gestión del gobierno del PJ y fue denunciada el 12 de mayo de 2004 por los ex legisladores Manuel Raimbault y José Martínez.

Para la Justicia, durante la etapa investigada, en el Ministerio de Economía se articuló una serie de mecanismos administrativos que derivaron en un despropósito: “se emitían anticipos de pagos que se tramitaban independientemente de la documentación que respaldaba la operación”, como admitió el ex secretario de Hacienda Carlos Seoane, en una nota anexada a los expedientes judiciales. El ex ministro de Economía, Raúl Berrone, fue mucho más claro todavía: “simplemente el proveedor presentaba la factura y sin más se le abonaba”, declaró en la causa. Los que cobraban sin que existiera ningún expediente administrativo ni constancia de entrega de mercadería, eran comerciantes o empresarios que pasaban por el Banco de Tierra del Fuego y recibían los libramientos en efectivo y por caja. Y los funcionarios que de acuerdo al accionar judicial permitían esas erogaciones eran el ex contador general y luego secretario de Hacienda, José Roberto Merlino y el ex subcontador general a cargo de la Contaduría General, Félix Victorio Donamaría.

Lo cierto es que desde el ministerio público ya tiene probado el “modus operandi” para la fiscalía, el Contador Roberto Merlino, en su carácter de Secretario de Hacienda, requería el anticipo a cuenta de expediente, sin ninguna otra documentación respaldatoria, en tanto que el contador  Donamaría, a cargo de la Contaduría General, emitía las órdenes de pago que se cobraban en el Banco en efectivo. El mecanismo había sido instrumentado por un decreto que luego fue  reglamentado mediante la circular N°12/02 de la propia Secretaría de Hacienda.

Los funcionarios están procesados por el delito de peculado reiterado en calidad de coautores mientras que los comerciantes y/o monotributistas  deben responder por la figura de “sustracción peculadora reiterada” como partícipes primarios.

Todas las causas tienen procesamientos firmes y aguadan el  juicio oral y público, el que podría llevar un par de semana en tener sentencia. Según la acusación fiscal, los funcionarios manfredottistas “orquestaron una sistemática maniobra ilícita en desmedro reiterado del patrimonio del Estado”.

La mismas fuentes judiciales aseguraron a nuestro medio que existe mucha confianza en llegar a las condenas de los funcionarios y particulares comprometidos en las causas, mientras que el desafío está centrado en determinar, cuántos de los millones puestos en juegos regresaron como “retorno” a los funcionarios, hoy sentado en el banquillo de los acusados.

Lo que dice el comunicado del Poder Judicial

En el portal del Poder Judicial, se hizo eco del Juicio que se inica hoy lunes 7 de Septiembre, allí se consigna que se trata del último grupo de causas en las que se investigara la presunta sustracción de fondos públicos que habría tenido lugar durante el ejercicio 2003. La audiencia que inicia este lunes corresponde a un desprendimiento de la causa principal Nº 16.467, que tramitara por ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Ushuaia.

El delito por el cual se ha formulado acusación es el de “Peculado”, previsto y reprimido por el art. 261 del Código Penal.

El citado artículo establece que reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo.

Agrega que será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.

Se encuentran imputados en calidad de autores, el ex Secretario de Hacienda y ex Contador General de la Provincia, José Roberto Merlino; y el ex Subcontador General a cargo de la Contaduría General de la Provincia, Félix Victorio Donamaría.

Y, en calidad de partícipes primarios, quienes habrían actuado como proveedores del Estado: Dardo Jorge Montané; Víctor Hugo Ponce; Claudia Virginia Pérez, Norma Fabiana Ponte; Pablo Daniel Godoy, Jorge Adrián Herrera, Sara Esther Beban, José Sehara Chiazzaro, Daniel Martínez Ullan y Vanesa Mariel Giles.

Antes de que el Tribunal de Juicio determinará realizar el juicio oral, importa señalar que el Ministerio Público Fiscal propuso la Omisión del Debate (conforme lo que señala el art. 324 del CPP) al estimar innecesario el desarrollo del plenario oral. Sin embargo, esta postura solo tuvo aceptación parcial entre las partes, por lo que el Tribunal decidió continuar con el trámite y celebración del juicio.

Al momento de iniciar este juicio, los ex funcionarios públicos Merlino y Donamaría se encuentran detenidos por registrar condenas anteriores a pena de prisión efectiva, sentencias éstas que ya fueron confirmadas por el Superior Tribunal de Justicia.

El juicio será presidido por el Doctor Alejandro Pagano Zavalia, con las vocalías de los Doctores Maximiliano García Arpón y Guillermo González. El fiscal será el Doctor Guillermo Massimi y la defensa será ejercida por diferentes profesionales.