Los Profesionales de la Administración Pública Central manifestaron públicamente su profundo malestar ante la pérdida de poder adquisitivo que vienen padeciendo desde hace 2 años, ya que los aumentos salariales otorgados (aprox. 8% en 2016 y 12% en 2017) no alcanzaron a cubrir ni remotamente los índices inflacionarios oficiales.

Un agente EPU categoría E, con 8 horas diarias de jornada laboral, obtiene un salario básico inferior a $23.000, con la responsabilidad profesional que ello implica (incluso responsabilidad civil) y sin existir ningún tipo de consideración a la antigüedad en la obtención del título. Por lo tanto, un/a padre/madre de familia que ingresa al Estado como profesional, recibirá ese salario sin importar la experiencia obtenida como tal por fuera del empleo público.

Asimismo, expusieron que continúa la disparidad entre los salarios de los Profesionales de la Administración Central y los de los de entes descentralizados. “Hacemos la misma tarea, pero ganamos un 40% menos que dichas áreas. La necesidad de la equiparación salarial ha sido reconocida por la Gobernadora de la Provincia en declaraciones públicas, sin embargo ello no ha redundado en una mejora para nuestro sector”, manifestaron.

Por otra parte,  señalaron que siguen esperando las recategorizaciones habilitadas por la Gobernadora de la Provincia a través del Decreto Provincial N° 292/17 el 7 de febrero de 2017, es decir, hace casi un año.

Indicaron que ”este malestar impacta negativamente en las Políticas de Estado implementadas, ya que muchos Profesionales han decidido abandonar la Administración Central ante esta problemática”.

“¿Cuál es la respuesta del Estado Provincial ante esta realidad?; ¿reconoce realmente las necesidades de la población?; ¿asistimos a la búsqueda de la desprofesionalización del Estado?”, se preguntaron.

Agregaron que se suma a esta coyuntura, la inquietud por la pérdida de beneficios en tanto afiliados a la Obra Social Provincial (ex IPAUSS): reducción de servicios, reducción de cobertura en los medicamentos, aumento de coseguros, entre otros; y la preocupación por las declaraciones del Ministro de Gobierno José Luis Álvarez acerca de un posible congelamiento salarial. 

Señalaron que la baja del Registro Provincial de Asociaciones Sindicales en abril de 2016, y la demora por decisiones políticas a nivel nacional de nuestro trámite de inscripción gremial (iniciado hace casi una década) en el Ministerio del Interior de la Nación como Asociación Sindical de Profesionales Universitarios del Estado (ASPUE), anula la posibilidad de movilización del sector y de efectuar cualquier tipo de reclamo.

“No obstante, esta situación aún no limita que podamos denunciar públicamente nuestra situación y nuestro sentir, en tanto ciudadanos y trabajadores del Estado fueguino. Malestar en el Escalafón de Profesionales Universitarios (EPU) de Gobierno”, concluyeron.