La decisión del Gobierno de avanzar con las cesantías en la mayoría de sus dependencias asoma como la primera tormenta política para el macrismo en el arranque del año.

La poda, impulsada por ministerios y organismos en apenas poco más de un mes, acumula no menos de 3.000 puestos laborales y, como es de prever, semejante recorte ya originó la primera medida de fuerza de envergadura.

El jueves, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevará a cabo un paro nacional, y la protesta también incluye movilizaciones hacia el obelisco y ministerio de Modernización.

"Hay que poner freno a esta situación, que es producto del autoritarismo de este Gobierno y que se traduce en un hostigamiento permanente y en miles de despidos", afirma Hugo Godoy, secretario general del gremio.

En la vereda de enfrente, el macrismo reconoce los recortes de personal y alega que la magnitud es consecuencia directa de "un Estado que ha sido sobredimensionado por demás durante el kirchnerismo".

"Se dieron de baja muchos puestos vinculados con acuerdos políticos. Y la mayoría de los contratos que no fueron renovados se debe al exceso de recursos para la operatoria de los ministerios", señala a iProfesional una alta fuente del Gobierno.

A la situación anterior se le suman la de convenios temporarios, que si bien existen desde hace varios años, el oficialismo quiere recortar.

El crecimiento del número de despidos va en línea con lo anticipado por el propio Macri quien, tras la victoria electoral de octubre, reparó en el exceso de personal estatal y adelantó que iba a ser uno de los temas a atacar en la segunda etapa de su mandato.

Muchos recordaron en estos días cómo el mandatario había señalado a la Biblioteca del Congreso como un caso sintomático de la sobrepoblación injustificada de empleados.

"Tiene más empleados que las bibliotecas más grandes que el mundo", señaló el Presidente, quien además detalló: "En los últimos años pasó de menos de 500 a más de 1.700 trabajadores".

Además, se había referido a la Legislaturas provinciales: "Han ido aumentando su dotación en más de un 10% cada año, al tiempo que advirtió que "hay legisladores que tienen más de 80 empleados".

Alta sensibilidad

En el arranque de 2018, las cesantías se dan en un contexto híper sensibilizado, a raíz de las discusiones sobre el cambio de fórmula de ajuste previsional y en pleno debate por la futura reforma laboral.

De hecho, a juzgar por las reacciones que está generando, esta nueva ola de desvinculaciones se presenta como la primera conflictividad política del año.

Los funcionarios no niegan los despidos, pero prefieren recurrir a otra terminología: la "no renovación de contratos".

"Con el cambio de Gobierno, se otorgó a cada ministerio la potestad para definir las renovaciones. Antes, esa tarea dependía exclusivamente de la jefatura de Gabinete, lo que alentó las renovaciones automáticas", añade la fuente del ministerio de Modernización.

"Ahora, en cambio, cada dependencia decide a partir de su presupuesto y de las tareas asignadas cuánto personal va a requerir para cumplir con sus metas anuales", completa.

Desde el macrismo también señalan que, en caso de que alguna de ellas necesite más recursos, estos sólo podrán ser tomados "para proyectos o iniciativas muy puntuales". Es decir, de haber incorporaciones, quedarán atadas a iniciativas previstas, como la concreción del G20 u otras anunciadas como el Plan Belgrano.

El modo en que se lleva a cabo la no renovación de contratos depende de cada cartera. Lo decide el área de recursos humanos del ministerio y hay autonomía en esas decisiones.

La fuente consultada, que pide reserva de identidad, recuerda que "hace poco estalló la polémica por los ex contratados en Radio Nacional, tema sobre el que decide Hernán Lombardi. Y así en cada caso. Las distintas dependencias aplican el método que creen conveniente", aclaró la fuente.