“Estas reformas se realizan para poder mantener la caja en manos de la provincia, mientras que “la mayoría” de las cajas provinciales en otros distritos será transferida a la Nación, dijo Rosana Bertone, remarcando  que la decisión de su gestión “desde el primer día de las reuniones” con el gobierno nacional fue que “si el sistema provincial se iba cuidando y entre todos íbamos manteniendo el esfuerzo, podíamos conservarlo en el tiempo. Los demás gobernadores podrán hacer la transferencia si las legislaturas provinciales los acompañan”, sostuvo.

“La nación nos ha manifestado claramente que, el que no llegue a los índices de armonización, no va a recibir recursos para pagar las jubilaciones”, dijo Bertone, aclarando que “Ya no recibiremos más recursos de Nación si no hacemos correcciones, y las correcciones que estamos planteando tampoco servirán para recibir recursos nacionales”, manifestó sobre las reformas que se trataron hoy en la sesión y finalmente fueron aprobadas-

“Sin la ayuda nacional el estado provincial y los trabajadores de Tierra del Fuego deberemos hacer un esfuerzo entre todos, si es que queremos seguir sosteniendo la caja en el ámbito provincial”, cuestión que la Gobernadora consideró “posible”.

Bertone habló de la necesidad de “una reforma progresiva en el tiempo, fuera de lo que cualquier país del mundo, incluso en la Argentina las reformas que estamos viendo, distan mucho de lo que sigue sosteniendo Tierra del Fuego que jubila a los docentes a la edad de 50, 55 años y 60 años al personal del Gobierno Central”, sostuvo la mandataría.

“Hay una edad promedio de 51 años de jubilación y hay 600 expedientes pendientes en trámite, ir al tope de la edad en 60 años para conservar el sistema, parecía muy abrupto, es por eso que será progresivo si alguien quiere retirarse antes percibirá menos del 82% móvil, y el que cumple el plazo cobrará el 82%”, detalló.

“Es tal la magnitud de los salarios y la masa jubilatorio, la suba de la edad es conservar el sistema previsional y no traspasarlo a la Nación y mantener el 82%, pero para eso son necesarias reformas para mantener el equilibrio”, agregó.

Por su parte el presidente de la caja de previsión Rubén Bahntje, dio detalles de la reforma jubilatoria, asegurando que “en líneas generales se votó tal cual fue enviado por el Ejecutivo, con un par de cambios de redacción. Tiene que ver con el trabajo que se había realizado con el Municipio de Ushuaia y de Tolhuin, y participaron también técnicos de la Municipalidad de Río Grande, aunque no firmaron el consenso fiscal”.

“La emergencia quedó prorrogada por dos años, y queda limitada a un aporte exclusivamente de funcionarios. Queda la posibilidad de utilizar las utilidades del banco para el pago de contribuciones y deuda del sistema de previsión, y quedan vigentes los artículos de fondo sobre el pago de las deudas consolidadas”, dijo.

“A partir del mes de abril entran en vigencia los artículos de cálculo del haber y se introduce algo nuevo para los trabajadores que traen años aportados a otro régimen. Cuando uno trae años de servicios de otra provincia para completar por ejemplo los 26 años en el caso de la mujer, en ese caso se toma la edad. Aquella persona que tiene su gran parte de la historia laboral en Tierra del Fuego a lo sumo en estos próximos años le puede incrementar uno o dos años la edad. Se mantiene la tabla del artículo 20 de la 1076 y llega a los 60 años la mujer en el año 2035, y al hombre en el 2025”, señaló sobre la gradualidad en el aumento de la edad jubilatoria.

“Se mantienen en sí las edades establecidas y el régimen docente se mantiene en los 50 años, para el que tiene 22 horas cátedra durante 120 meses. La única provincia que lo sostenía era la provincia de Buenos Aires y ahora en el proyecto eleva la edad a 57 y 60 años”, comparó.

“Los médicos con atención directa al paciente continúan en 55 años de edad, cuando en otras provincias se jubilan a los 60 ó 65 años. Para el cálculo del 82% móvil se toma en cuenta si tienen los 25 años trabajados en la provincia. La ley anterior establecía un requisito de 20 años aportados a la caja, y había traído controversias judiciales porque era contrario a la reciprocidad jubilatoria. Si la persona trabajó en muchos lugares, tiene la mayoría acá pero son pocos, podrá quedarse con un mejor haber, pero no está obligado a hacerlo y se va a poder jubilar a la edad que le corresponda”, indicó.

“Estas son las medidas para poder mantener el sistema y no transferirlo, porque en tres años desaparecía. En 2009 el total de las jubilaciones era un poco menos del diez por ciento de todos los recursos provinciales, incluyendo los municipios; para este año es el veintidós por ciento y la previsión era que para 2038 era el cuarenta y cinco por ciento”, observó del diagnóstico al que llegaron y en el que coincidían “todos los directores”.

Consultado sobre las jubilaciones en trámite, dijo que “para los nuevos trámites se requiere la enuncia condicionada. La ley anterior permitía que alguien inicie el trámite, se concedía el beneficio y durante veinte años estaba sin jubilarse. Hoy se va a requerir que la persona, junto con la solicitud del trámite, traiga la renuncia condicionada. Concedido el beneficio, a los 30 días se jubila”.

“Las jubilaciones en trámite tendrán 60 días para presentar la renuncia condicionada. En caso de que no deseen jubilarse, se pasarán a archivo esas actuaciones. El 82% móvil se mantiene para el que tenga 25 años aportados a Tierra del Fuego y, por cada año menos que haya, se detrae el tres por ciento pero la persona puede seguir trabajando hasta la edad que quiera”, apuntó.

Respecto de lo que se estima recaudar por el nuevo fondo al que aportarán los funcionarios, dijo que “por el fondo solidario anterior eran cerca de 350 millones de pesos y con la modificación actual quedará en 40 millones. Los fondos de financiamiento para el próximo ejercicio son los recursos de ingresos brutos para las actividades financieras y las compañías de seguro.

En la tarifaria se propone un punto más sobre esto, que son otros 44 millones de pesos; están las utilidades del banco para poder hacer frente al déficit y los convenios de pago de deudas de treinta años de otras gestiones que se empezaron a regularizar, que son 44 millones de pesos para el próximo ejercicio. En el caso de que no alcancen los recursos, se aplicará el artículo 23 de la ley 1070, que establece que cada organismo se hará cargo de la parte que le corresponde”, concluyó.