El pedido se fundamenta en que este fin de semana en los portales de noticias y las redes sociales se reflotó una noticia referida a un proyecto que propone crear una nueva provincia de nombre “Islas Malvinas” (la Nº24), que tendría su capital en las Islas de los Estados y que surgiría de la separación de una gran porción territorio que es fueguino pero que hoy temporalmente usurpa el Reino Unido.

Esta idea aberrante, que por lo menos linda el entreguismo y que en el mejor de los casos es producto de una improvisación vergonzante, sorprendentemente ganó un concurso que había sido organizado en 2015 por la anterior gestión del Ministerio de Educación y la Secretaría de Asuntos Relativo a Malvinas de la Nación. Incluso llegó a tratar de ser declarada de interés nacional por un hoy ex Diputado Nacional.

La iniciativa, que en principio notamos desconoce la historia de nuestra provincialización y lo que significó el debate entre provincia chica y provincia grande, tiene como principal argumento generar un impacto internacional relevante que los usurpadores no podrían ignorar, por ser la creación de una nueva provincia llamada Malvinas por parte de nuestro país.

En lo personal, creo que lo que más les llamaría felizmente la atención y les costaría pasar por alto, es que se proponga que la cantidad de integrantes del poder legislativo de esa provincia esté basado (con toda la significancia política interna y externa que eso significa) en el número de habitantes de las islas, dándole “simbólicamente” a los kelpers un status que hoy no tienen y que es peligroso para nuestro reclamo otorgarles, o incluso se intuya o interprete que nuestro país les otorga.

Según proponen, la nueva provincia debería dictar una Constitución y edificar todas las instituciones. En este sentido, la cantidad de legisladores para la conformación del Poder Legislativo -órgano político más representativo de una comunidad por estar conformado según la cantidad de habitantes- se basaría en las 3000 mascotas británicas “y los 200 argentinos que viven en esos territorios”: situación que sorprendentemente ignora que el avalar la creación de un “estado libre” -asociado- donde el instrumento colonial (kelpers) sea considerado un “pueblo” que tenga la posibilidad de decidir (aunque sea simbólicamente) sobre nuestro territorio, puede ser un antecedente catastrófico que el usurpador podría utilizar y tergiversar en su beneficio.

Otros de los anémicos argumentos que se esgrimen es que nuestra gobernadora provincial “no se levanta pensando en Malvinas y no puede abocarse a la problemática que representa el archipiélago en disputa, pues debe trabajar en las cuestiones diarias para el bienestar de sus habitantes”, por lo que esta iniciativa se abocaría a lograr que la nueva Provincia tenga un gobernador con “la función de levantarse todas las mañanas pensando en encontrar un entendimiento con los ingleses en diversos temas de interés que incumben al Atlántico Sur: como lo son pesca, petróleo, negocios…”.

En estas últimas palabras que refieren a lo económico podemos ver que lo importante en realidad es la cooperación en la explotación “conjunta” de los recursos que solo a nuestro país y a nuestra provincia legítimamente pertenecen y que ello se haga sin la interferencia del pensar del pueblo fueguino y su clase política; un verdadero sueño para los usurpadores que esperan con ansias ver aplicado en su totalidad el Comunicado Conjunto defecado sobre nuestra soberanía en septiembre de 2016.

Con respecto a la aseveración sobre lo que puede o no pensar nuestra gobernadora, el razonamiento es tan precario que avergüenza. Claramente al igual que el autor ignoraba que nuestra provincia surgió en 1990 -y no en 1998 como lo dijo en una entrevista radial-, desconoce que las gestiones y estrategias del Gobierno de una provincia es ideado y llevado adelante por un Poder Ejecutivo que no es solo su gobernador, sino un equipo de funcionarios dedicados a cada faceta de lo que es administración del territorio provincial. También ignora que nuestra provincia creó la Secretaría de Asuntos Relativos a Malvinas, Antártida e islas del Atlántico Sur, que se aboca a estos temas y tiene varios funcionarios que se levantan pensando en eso que él cree que solo puede pensar la gobernadora, y se les paga específicamente para que así sea.

Deja de lado que actualmente la provincia que busca destruir, tiene un pueblo que siente profundamente todo lo que significa la “Causa Malvinas” y que es un factor muy importante aún sin explotar como pueblo que busca autodeterminarse de quien por justificaciones retrógradas como es el poderío militar, ocupa su territorio, extrae sus recursos y amenaza con realizar actividades económicas de alto impacto ambiental, como lo es la extracción de petróleo para con la falaz excusa de proteger los intereses de 3 mil kelpers perjudica a más de 200 mil fueguinos y a más de 2 millones de patagónicos, que de existir cualquier desastre verá sus costas inundadas de crudo y muerte.

Con respecto a la posibilidad de llevar adelante esta estrategia funcional a los intereses británicos (dividir para reinar) se explicita que no es muy difícil realizar el cercenamiento, solo siendo necesario el acuerdo del Congreso Nacional y la conformidad de nuestra provincia.

En relación a este punto, lamentablemente este planteo tiene una problemática adicional para nuestra provincia que todavía no fue subsanada ni se encuentra en vías de enmendarse, y es que el Art 2 de la Ley 23.775 muestra un camino donde si existiera algún tipo de acuerdo en el Congreso, y algún tipo de tratado con el Reino Unido que se fundamentara acorde a la Disposición Transitoria de la Constitución Nacional aduciendo que ello es conducente a una solución de la disputa a favor de nuestros intereses soberanos (cosa que puede no ser cierto), podría abrirse la discusión de que no se necesitaría la ratificación de nuestra provincia para el desprendimiento de una porción de ella, forzando sin mucho esfuerzo una armonización con el Art 75 inc. 15 de la Constitución Nacional en detrimento de la integridad territorial fueguina.

El proyecto para declarar de interés legislativo provincial la modificación o derogación del Art 2 de la Ley 23.775 y la subsiguiente instrucción a nuestros representantes nacionales a fin de que realicen el planteo en sus respectivas cámaras, fue presentado por nuestro espacio en mayo de 2016, y a pesar de no ser apoyado por nadie de los que “se ocupan de figurar por Malvinas” hoy tiene estado parlamentario gracias a la totalidad de los bloques, aunque aún no fue tratado en la Comisión Nº1 (As. 155/16), aunque claramente este artículo es contrario a nuestros intereses soberanos, y nos pone en una situación de indefensión territorial muy delicada.

Si bien es cierto que la iniciativa ganadora del concurso hoy no tiene pies ni cabeza y es de una calidad conceptual raquítica, creemos que sería importante que la Legislatura se exprese de manera categórica, y haga oír a todos los habitantes de nuestro país y del mundo, que las Islas Malvinas son argentinas y fueguinas, y que ningún habitante de nuestra provincia va consentir, ni mínimamente, cualquier idea, propuesta o planteo que quiera modificar esa realidad.

Entendemos que sentar postura cuanto antes es de vital importancia para zanjar cualquier tipo de intención de proseguir en este camino que solo confundirá a la comunidad de nuestro país, preocupará al pueblo de nuestra provincia y encenderá mas pujas del lobby británico que intentará sacar provecho de una u otra manera en detrimento de nuestros intereses provinciales y nacionales, instalando mediáticamente esto que cuando menos roza la cipayada.

También es necesario contextualizar el momento que atraviesa nuestro país, caracterizado por una profunda y descarada demalvinización que llevada adelante un Gobierno “nacional” que en sus filas tiene a la única persona que en la Convención Constituyente del 94´ voto en disidencia por la Disposición Transitoria Primera (Oscar Aguad), donde desde el inicio de la gestión la propia canciller dijo que Malvinas no es un tema central en nuestra relación con los usurpadores y donde un allegado (Dante Caputo) que hace poco se reunió con el Ministro de Hacienda del Reino Unido sostiene que hay que hacer una “tregua” con el criminal usurpador, suspendiendo el reclamo y evitando hablar de soberanía hasta 2033 para dedicarnos a hacer negocios.

Por lo expuesto, y por muchos otros motivos que harían interminable este texto si los describiera, entendemos que nuestra provincia necesita, por medio de su cuerpo político más representativo, poner un freno a esta idiotez supina que por haber sido ganadora de un concurso recibirá fondos para seguir analizando la forma de profundizar y llevar adelante este ofensivo, lesivo y vergonzante atropello a la provincia.

También queremos solicitarle inste al Gobierno Provincial a que exprese su repudio y haga las gestiones necesarias a nivel nacional para sepultar cualquier atisbo de seriedad que se pretenda dar a una cuestión como esta, que lejos de acercarnos a la recuperación, nos perjudicaría terriblemente por generar un antecedente nefasto del que difícilmente podamos recuperarnos.

Luciano R. Moreno Calderón